La deuda que asfixia a OSEF: El Gobierno provincial debe más de $7.600 millones

La situación expone una paradoja que vuelve a colocar las cuentas de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) en el centro de la discusión: el propio Gobierno de Tierra del Fuego, responsable de garantizar el funcionamiento del sistema público provincial, es también su principal deudor.

El Directorio de OSEF resolvió avanzar con carácter urgente en la determinación, certificación y cobro de las acreencias que distintos organismos mantienen con la obra social. El relevamiento realizado al 28 de agosto de 2026 estableció provisoriamente una deuda de $8.740.641.261,29 en concepto de aportes y contribuciones.

De ese total, $7.682.156.646,66 corresponden al Gobierno de la Provincia, lo que representa cerca del 88% del monto reclamado.

La decisión fue aprobada por mayoría el pasado 7 de septiembre y establece un procedimiento concreto que puede desembocar en intimaciones formales y, si no hay respuestas, en acciones judiciales.

Una deuda que supera los $7.600 millones

La deuda provincial tiene dos componentes principales.

Por un lado, existe una deuda corriente correspondiente a julio de 2026 por $4.331.079.661,68. Por otro, una deuda histórica que alcanza los $3.851.076.984,98.

En conjunto, ambos conceptos totalizan más de $8.182 millones, aunque sobre esa suma fue imputado provisoriamente un pago de $500 millones cuya acreditación todavía debe ser verificada con información de la Tesorería General.

De allí surge el saldo provisional de $7.682.156.646,66 que OSEF identifica como deuda del Poder Ejecutivo.

La magnitud del monto vuelve especialmente significativa la decisión del Directorio de dejar de lado la espera indefinida y establecer un mecanismo con plazos concretos para reclamar los fondos.

Cinco días para pagar o presentar una propuesta

La resolución establece que la Dirección Contable deberá realizar primero una conciliación integral de cada deuda, detallando períodos, capital, pagos realizados, intereses, antigüedad, intimaciones, convenios y eventuales riesgos de prescripción.

Una vez certificado el saldo exigible, cada organismo será intimado y tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para cancelar la deuda o presentar una propuesta de regularización.

Si no existe pago o un acuerdo considerado admisible, el Servicio Jurídico de OSEF deberá avanzar con las acciones judiciales correspondientes dentro de los diez días hábiles siguientes.

En el caso de aportes y contribuciones, la resolución establece que se recurrirá al juicio ejecutivo.

El Banco de Tierra del Fuego aparece en el mecanismo de cobro

Para el caso particular del Gobierno provincial, la resolución contempla además un mecanismo previsto por la Ley 1627.

Una vez conciliada y certificada la deuda, OSEF deberá notificar al Banco de Tierra del Fuego para que actúe como agente de retención sobre fondos provinciales de libre disponibilidad.

Según el procedimiento establecido, los montos retenidos deberán ser transferidos directamente a la obra social dentro de las 24 horas.

Así, la discusión deja de ser solamente contable: la obra social pretende transformar una deuda reconocida en recursos concretos para sostener su liquidez y garantizar la continuidad de las prestaciones médico-asistenciales.

Tolhuin, Vialidad y otros organismos también adeudan

Aunque el Gobierno provincial concentra la mayor parte de la deuda, el listado alcanza a otros organismos públicos.

La Municipalidad de Tolhuin registra una deuda de $410.147.810,55, mientras que la Dirección Provincial de Vialidad adeuda $406.822.263,24.

También aparecen el Concejo Deliberante de Tolhuin, con $146.601.437,64, y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Provincial, con $88.461.470,85 correspondientes al sector pasivo y $6.451.632,35 al sector activo.

Otro frente: más de $10.700 millones por prestaciones RUPE

A la deuda por aportes y contribuciones se suma otro universo de acreencias, aunque jurídicamente diferente.

Las prestaciones brindadas a beneficiarios RUPE registraban al 31 de julio una facturación pendiente de $11.369.930.467,38. Luego de las notas de crédito, el saldo contable neto provisional quedó establecido en $10.707.092.057.

De ese monto, $8.891.260.556,42 corresponden a ejercicios anteriores a 2026 y $1.815.831.500,58 al ejercicio corriente.

OSEF aclaró que estos créditos no deben sumarse automáticamente a la deuda de aportes y contribuciones ni seguir el mismo mecanismo ejecutivo. Primero deberán ser determinados y certificados de manera independiente para luego reclamar su pago al organismo provincial correspondiente.

Sin quitas y con límite de 12 cuotas

La resolución establece además que cualquier eventual acuerdo de regularización podrá extenderse por un máximo de 12 cuotas y deberá contemplar capital, recargos e intereses.

No se admitirán quitas, condonaciones ni reducciones de capital o intereses. Si un convenio es incumplido, OSEF quedará habilitada para reclamar judicialmente el saldo pendiente.

Una votación que también expuso diferencias

La decisión de endurecer el mecanismo de cobro fue aprobada por mayoría simple.

Votaron a favor los vocales Adriana Soria y Horacio Gallegos, mientras que el representante del Poder Ejecutivo, Jorge Giménez, votó en contra.

La resolución abre ahora una etapa que puede resultar determinante para las finanzas de OSEF. Mientras la obra social enfrenta la necesidad de sostener prestaciones y mejorar su liquidez, el principal organismo obligado a financiarla acumula una deuda provisional superior a los $7.600 millones.

El dato pone nuevamente en discusión uno de los problemas estructurales de la obra social estatal: los recursos que deberían ingresar para sostener las prestaciones no llegan en tiempo y forma, y ahora el propio Directorio decidió ponerles fecha de vencimiento y, eventualmente, llevar el reclamo a la Justicia.