La Fiscalía sostuvo que el recurso ante la Corte Suprema no frena el proceso electoral por la reforma constitucional
El dictamen del Ministerio Público Fiscal ratificó que la presentación de una queja ante la Corte Suprema no suspende automáticamente las elecciones de convencionales constituyentes previstas para agosto de 2026. La definición quedó ahora en manos de la Justicia Electoral.
Ushuaia: En medio de la discusión política y judicial en torno a la reforma parcial de la Constitución de Tierra del Fuego, apareció una buena noticia para el Gobierno de Gustavo Melella, el Ministerio Público Fiscal emitió un dictamen clave en el que sostuvo que la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no implica la suspensión automática del proceso electoral actualmente en marcha.
La intervención de la Fiscalía se produjo luego de que la Justicia Electoral resolviera suspender momentáneamente la emisión del cronograma para las elecciones de convencionales constituyentes, previstas para el 9 de agosto de 2026, y remitiera las actuaciones para el correspondiente análisis jurídico.
La medida adoptada por el juzgado electoral se había sustentado en la incertidumbre generada por la existencia de un recurso pendiente ante la Corte Suprema en la causa “Lechman c/ Provincia de Tierra del Fuego”, además de la reciente derogación de la Ley 1529 aprobada por la Legislatura provincial, norma que posteriormente fue vetada por el Poder Ejecutivo.
En su dictamen, la Fiscalía recordó que el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece expresamente que la interposición de un recurso de queja no suspende el proceso mientras la Corte Suprema no decida darle curso formal.
Asimismo, el Ministerio Público se pronunció sobre el decreto de convocatoria a elecciones y sobre la ley que intentó dejar sin efecto la normativa que habilitó el proceso de reforma constitucional. En ese sentido, remarcó que cualquier intervención judicial requiere necesariamente la existencia de un “caso o controversia judicial” concreta, y advirtió sobre la necesidad de actuar con “máxima prudencia” frente a cuestiones de fuerte contenido político e institucional.
El dictamen también reafirma que la competencia para avanzar con el cronograma electoral corresponde al Juzgado Electoral provincial, conforme a lo establecido en la Ley Provincial 201, que regula el procedimiento electoral vigente en Tierra del Fuego.
Finalmente, la Fiscalía sostuvo que la jueza electoral posee competencia y jurisdicción para adoptar las decisiones necesarias durante esta etapa del proceso, incluyendo aquellas medidas destinadas a “brindar certeza y claridad al electorado”, en un escenario marcado por la tensión política y las disputas judiciales en torno a la reforma de la Carta Magna provincial.
El Gobierno celebró el dictamen fiscal y ratificó que avanzará con la reforma constitucional
Desde el Ejecutivo provincial consideraron que la resolución del Ministerio Público Fiscal aporta “certeza jurídica” al proceso electoral y confirmaron que continuarán impulsando la reforma parcial de la Carta Magna fueguina.
El Ejecutivo interpreta el dictamen como un respaldo a la continuidad del proceso convocado para elegir convencionales constituyentes el próximo 9 de agosto de 2026, y entiende que la decisión reafirma las competencias de la Justicia Electoral provincial para continuar con las actuaciones correspondientes.
Desde el Gobierno sostienen además que la reforma constitucional representa una discusión necesaria para actualizar aspectos centrales del funcionamiento institucional de la provincia y remarcaron que seguirán transitando “el camino democrático y constitucional” para concretar el debate.
La controversia se había intensificado luego de que la Legislatura aprobara la derogación de la Ley 1529 —norma que habilitó el proceso de reforma—, medida que posteriormente fue vetada por el Poder Ejecutivo. A esto se sumó la presentación de un recurso judicial en la causa “Lechman c/ Provincia de Tierra del Fuego”, actualmente pendiente de resolución en la Corte Suprema.