PROVINCIA

La Legislatura aprobó la ley de financiamiento integral del sistema educativo fueguino

Después de dos años de debate parlamentario y distintas propuestas legislativas, Tierra del Fuego cuenta con un nuevo régimen de financiamiento educativo. La norma crea un fondo específico con recursos provenientes de distintos sectores de la economía provincial y establece criterios de distribución para salarios docentes, infraestructura escolar y equipamiento. La sanción se concretó durante la sexta sesión ordinaria, con el doble voto de la Presidencia del cuerpo.

La Legislatura de Tierra del Fuego convirtió en ley el régimen de financiamiento integral del sistema educativo provincial, una iniciativa que atravesó dos años de discusiones, modificaciones y negociaciones entre los distintos espacios políticos. La aprobación se produjo durante la sexta sesión ordinaria, luego de levantarse el cuarto intermedio que permanecía vigente desde el pasado 3 de octubre.

La definición llegó a partir de la intervención de la vicepresidenta primera del Poder Legislativo, María Victoria Vuoto (PJ), quien ejerció el doble voto para destrabar la votación y permitir que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo alcanzara la sanción definitiva.

Al término de la sesión, Vuoto manifestó su satisfacción por la aprobación de la norma y recordó que el debate legislativo incluyó distintas iniciativas presentadas a lo largo de los últimos dos años. Según explicó, durante ese período se analizaron cuatro proyectos de diferentes sectores y, finalmente, se avanzó con un quinto texto que incorporó aportes de las propuestas anteriores.

La legisladora sostuvo que la construcción de la ley permitió poner en discusión el futuro del sistema educativo y la necesidad de garantizar recursos para atender sus principales demandas. En ese sentido, consideró que la norma representa una señal institucional sobre la importancia de la educación como prioridad para la provincia.

Desde el Partido Verde, la legisladora María Laura Colazo también acompañó la aprobación, aunque planteó que la nueva herramienta no resolverá por sí sola todas las dificultades que atraviesa el sistema educativo. Señaló que representa un aporte adicional, pero advirtió que será necesario revisar, mejorar y controlar su implementación.

Entre los aspectos que destacó se encuentra la incorporación del Observatorio de Financiamiento Educativo, una herramienta que fue sumada durante el tratamiento legislativo a partir de una propuesta del bloque del PJ y que no estaba contemplada en el proyecto original del Ejecutivo.

RIO GRANDE

Colazo también reconoció los aportes realizados por los espacios que no acompañaron la sanción, entre ellos Somos Fueguinos y Provincia Grande, al considerar que sus propuestas formaron parte de la discusión sobre las necesidades educativas de Tierra del Fuego.

Los cuestionamientos y las diferencias durante el debate

La aprobación no contó con el respaldo de todas las bancadas. Desde La Libertad Avanza, la legisladora Natalia Gracianía fundamentó el rechazo de su bloque y cuestionó tanto el tratamiento parlamentario como las fuentes de financiamiento previstas en la iniciativa.

La parlamentaria sostuvo que el proyecto tuvo un tratamiento acelerado y puso en duda que los recursos contemplados permitan garantizar efectivamente el financiamiento anunciado. También cuestionó la incorporación de nuevas herramientas tributarias para sostener el sistema educativo y reclamó mayor precisión sobre los montos que podrían ingresar al fondo.

En ese sentido, consideró que las fuentes de financiamiento planteadas no permiten establecer con claridad una estimación de los recursos disponibles, por lo que entendió que no estaban dadas las condiciones para acompañar una ley de estas características.

Cómo se financiará y distribuirá el fondo educativo

Uno de los principales componentes de la nueva legislación es la creación del Fondo de Financiamiento Educativo (FFE), que tendrá afectación exclusiva al sistema educativo provincial.

El esquema contempla recursos provenientes de alícuotas adicionales en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, aportes del Impuesto Inmobiliario Rural, utilidades de empresas estatales y fondos vinculados con sectores estratégicos de la economía, entre ellos el Hidrógeno Verde, la Economía del Conocimiento y la actividad energética.

La distribución de los recursos establece tres grandes destinos orientativos:

  • 40% para el fortalecimiento del salario docente.
  • 40% para infraestructura, mantenimiento y mejoras edilicias de los establecimientos educativos.
  • 20% para equipamiento tecnológico y recursos pedagógicos.

Además del esquema de financiamiento, la ley incorpora mecanismos de seguimiento y control para garantizar la transparencia en la utilización de los fondos.

Entre ellos se encuentra la creación del Observatorio de Financiamiento Educativo, que tendrá como función acompañar el seguimiento de los recursos y su aplicación. También se establece la publicación trimestral de informes en formatos abiertos y la elaboración de un plan de mejora quinquenal, con participación del Consejo de Educación y de la comunidad educativa.

La sanción abre ahora una nueva etapa: la puesta en marcha de los mecanismos de recaudación, distribución y control previstos en la norma. Su alcance real dependerá de los recursos que efectivamente ingresen al fondo y de la capacidad de traducirlos en mejoras concretas para las escuelas, los trabajadores de la educación y los estudiantes de toda la provincia.

Por otra parte, durante la sesión se informó que la séptima sesión ordinaria de la Legislatura se realizará el próximo 10 de diciembre, mientras que la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria fue fijada para el 9 de ese mes.

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