Malvinas: La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar la pesca extranjera sin autorización argentina hasta las 200 millas

La disputa por los recursos pesqueros del Atlántico Sur sumó un nuevo capítulo judicial con una resolución que vuelve a colocar en el centro de la escena la soberanía argentina sobre los espacios marítimos que rodean las Islas Malvinas. El 6 de noviembre de 2026, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó que un conjunto de compañías extranjeras se abstenga de desarrollar actividades pesqueras sin autorización argentina en el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva, incluyendo las aguas de Malvinas hasta las 200 millas.

La decisión, correspondiente al expediente FCR 16446/2026, establece una restricción sobre las capturas, el procesamiento de productos a bordo, los transbordos y las descargas. También alcanza a nuevas campañas de pesca, temporadas e incorporaciones de embarcaciones, tanto en operaciones directas de las sociedades demandadas como mediante buques propios, fletados o bajo su administración.

La medida representa un avance judicial en una controversia que combina la explotación de recursos naturales, la protección ambiental y las consecuencias económicas de la actividad pesquera desarrollada en el Atlántico Sur bajo licencias que no cuentan con reconocimiento argentino.

La resolución fue difundida por la entidad demandante el 7 de noviembre y establece un marco de restricciones para las compañías extranjeras alcanzadas, aunque su ejecución efectiva dependerá de las respectivas notificaciones y de los mecanismos jurídicos aplicables.

El alcance de la resolución y los permisos argentinos

Uno de los aspectos centrales de la decisión judicial fue la diferenciación entre las empresas extranjeras y las compañías nacionales mencionadas en la demanda.

En el caso de estas últimas, el juzgado decidió no hacer lugar, por el momento, a las medidas cautelares solicitadas y requirió información sobre sus habilitaciones, cuotas de captura, declaraciones juradas y antecedentes administrativos. Su situación continuará bajo análisis dentro del proceso ordinario. En tanto, las medidas solicitadas contra entidades financieras, astilleros, aseguradoras y proveedores quedaron pendientes de resolución.

El expediente también pone bajo análisis el cumplimiento de la Ley Federal de Pesca 24.922, particularmente de su artículo 27 bis, incorporado mediante la Ley 26.386. Esa disposición establece la obligación de presentar declaraciones juradas para acceder a cuotas o autorizaciones de captura y contempla restricciones para quienes mantengan determinadas relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores de embarcaciones que desarrollen actividades pesqueras en aguas bajo jurisdicción argentina sin los permisos correspondientes.

El artículo 28, por su parte, establece que la comprobación de infracciones a esas disposiciones puede derivar en la caducidad automática de los permisos, cuotas y autorizaciones involucradas.

Según sostiene la fundación que impulsa la demanda, la verificación de estas situaciones y las eventuales decisiones sobre las habilitaciones corresponden a la autoridad de aplicación y al Consejo Federal Pesquero.

Diez días para informar sobre las operaciones pesqueras

Otro punto relevante de la resolución está relacionado con las obligaciones documentales impuestas a las empresas extranjeras alcanzadas. Desde su respectiva notificación, las compañías dispondrán de diez días judiciales para presentar declaraciones juradas acompañadas de documentación respaldatoria.

El requerimiento incluye la identificación de cada embarcación, sus matrículas, pabellones y números internacionales, además de información sobre licencias, capturas por especie y temporada, sistemas de seguimiento satelital, presencia de observadores, puertos utilizados, transbordos y destinos comerciales de los productos obtenidos.

También deberán informar sobre sus estructuras societarias, participaciones empresariales, contratos, operaciones previstas, estudios científicos y coberturas ambientales.

La jueza dispuso, además, la conservación de todos los registros de pesca y de la documentación técnica, comercial y societaria, independientemente del soporte en el que se encuentren. Las compañías deberán abstenerse de alterar, destruir u ocultar información que pueda resultar relevante para la investigación judicial.

La falta de presentación de la documentación o las negativas que no cuenten con respaldo suficiente podrán ser valoradas en contra de las empresas demandadas.

Las compañías alcanzadas por la medida

La nómina difundida por la parte demandante incluye a numerosas compañías españolas vinculadas con la actividad pesquera en el Atlántico Sur. Entre ellas aparecen Armadora Nores/Pesquerías Nores Marín, Armadora Pereira, Chymar/Grupo Touza, Copemar, Lafonia Sea Foods/Frigoríficos del Morrazo, Marfrío, Pescapuerta, Pesmar/Pesquerías Marinenses, Pesquera Moradiña, Pesquera Vaqueiro/Pesca Baqueiro, Rampesca/Grupo Lanzal y WOFCO.

El comunicado también identifica estructuras empresariales con vínculos hispano-isleños, entre las que menciona a Argos Group, Beauchene Fishing, Fortuna, Red Back Consultants, Seaview y Southern Cross.

Asimismo, detalla una serie de vehículos societarios relacionados con las operaciones pesqueras, entre ellos Orion Fishing, Jupiter Fishing, South Atlantic Squid, Petrel Fishing, Beagle Fishing, Kalamar, Castelo Fishing, Polar Seafish y Golden Touza.

La identificación de estas estructuras empresariales forma parte de una de las líneas centrales del proceso, que busca establecer las relaciones societarias, comerciales y operativas detrás de la explotación de los recursos pesqueros en la región.

El argumento ambiental y el impacto económico sobre los recursos del Atlántico Sur

La dimensión ambiental constituye otro de los fundamentos de la presentación judicial. De acuerdo con lo informado por la entidad demandante, la jueza tuvo en consideración estudios e informes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) sobre poblaciones migratorias y recursos pesqueros compartidos.

Entre las especies mencionadas se encuentran los calamares illex y loligo, la merluza común y la merluza de cola, cuya explotación requiere medidas de conservación y administración que contemplen la dinámica de los recursos y su desplazamiento en el ecosistema marítimo.

El planteo sostiene que las capturas desarrolladas sin autorización argentina pueden debilitar los mecanismos nacionales de conservación y administración de los recursos naturales.

En ese contexto, la cautelar encuentra sustento en los principios de prevención y precaución ambiental, el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente 25.675, que establece las bases para la protección y recomposición del ambiente.

Una demanda por más de 26.000 millones de dólares

La presentación judicial fue realizada el 9 de octubre por una fundación presidida por César Augusto Lerena, con el patrocinio del abogado Eduardo Salvador Barcesat.

El reclamo apunta a obtener la recomposición ambiental y una reparación económica por la explotación de aproximadamente 4.101.131 toneladas de recursos pesqueros que la parte actora atribuye a las empresas demandadas durante el período comprendido entre 1989 y 2025.

Para dimensionar el perjuicio económico, la demanda incorpora dos estimaciones: aproximadamente 12.351 millones de dólares a valores FOB y 26.465 millones de dólares calculados a precios mayoristas.

Se trata de cifras presentadas por la parte actora, que deberán ser sometidas a prueba y evaluación dentro del proceso judicial. La existencia, cuantificación y eventual atribución de los daños reclamados todavía deberán ser determinadas por la Justicia.

Un nuevo capítulo judicial en la disputa por los recursos de Malvinas

La resolución de la jueza Mariel Borruto introduce una nueva dimensión en la discusión sobre la explotación pesquera en el Atlántico Sur y el alcance de las normas argentinas frente a las operaciones de compañías extranjeras.

La medida tiene carácter provisional y permanecerá vigente hasta que las empresas obtengan las autorizaciones argentinas correspondientes o el tribunal disponga una modificación. Su alcance efectivo dependerá también de las notificaciones y de los procedimientos necesarios para hacer cumplir la decisión frente a las sociedades involucradas.

Más allá de la controversia económica, el expediente vuelve a poner sobre la mesa una cuestión estratégica para la Argentina: el control, la administración y la preservación de los recursos naturales en los espacios marítimos vinculados con la cuestión Malvinas.

Desde Río Grande, la decisión judicial adquiere una relevancia particular por tratarse de una causa que involucra directamente los intereses argentinos en el Atlántico Sur y que coloca bajo análisis las consecuencias ambientales y económicas de décadas de explotación pesquera en una región atravesada por la disputa de soberanía.