OSEF en la mira: Denuncian penalmente a autoridades de la obra social fueguina por presunto uso irregular de fondos

La Fiscalía de Estado resolvió presentar una denuncia penal contra las autoridades de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), en el marco de una investigación por la presunta utilización irregular de fondos con afectación específica.

La medida, formalizada el pasado 19 de marzo, se centra en la transferencia de $937.119.449,74 desde el Fondo para Enfermedades de Alto Requerimiento hacia una cuenta general del organismo. Según el dictamen, esta operación habría vulnerado la finalidad establecida por la Ley Provincial 1596, sancionada en julio y reglamentada en octubre de 2025, que establece el uso exclusivo de esos recursos para la cobertura de tratamientos de alto costo.

El organismo de control cuestionó además que no se haya precisado qué prestaciones concretas fueron financiadas con esos fondos, lo que pone en duda que se haya tratado de una simple readecuación financiera. En ese sentido, advirtió una contradicción en la resolución administrativa: mientras se afirmaba que no se alteraba el destino del dinero, los recursos fueron retirados de la cuenta específica.

A esto se suma, según la Fiscalía, la falta de intervención previa de la Contaduría General y la persistencia de problemas estructurales en la gestión del organismo. El dictamen sostiene que la urgencia invocada para justificar la transferencia podría no responder a una contingencia real, sino a deficiencias administrativas, como la ausencia de un padrón actualizado de pacientes y de criterios claros para la compra de prestaciones, lo que habría derivado en contrataciones de emergencia a mayor costo.

El cuadro financiero también genera preocupación. Al 12 de febrero, la deuda por aportes y contribuciones del Gobierno provincial ascendía a $6.942 millones, mientras que la vinculada a prestaciones del sistema RUPE superaba los $9.376 millones.

Desde la Fiscalía recordaron que esta situación ya había sido objeto de una denuncia previa por el estado financiero de la obra social, y señalaron que recién después de esa presentación comenzaron a impulsarse acuerdos de regularización de deuda.

Con todos estos elementos, el organismo concluyó que la conducta de las autoridades podría encuadrarse en figuras penales como malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por lo que será la Justicia la que determine las responsabilidades correspondientes.