Policías retirados denuncian abandono del Estado: llevan meses sin cobrar sus haberes

Río Grande: El malestar crece entre los policías retirados territoriales de Tierra del Fuego, quienes desde hace meses reclaman el pago de sus haberes sin obtener respuestas concretas. La situación, que ya lleva tiempo sin resolverse, expone —según denuncian— una marcada desidia del Estado provincial frente a un derecho adquirido.

El suboficial mayor Alfredo Gatti fue contundente en declaraciones a la prensa al describir el escenario que atraviesan. “Venimos desde el año pasado visibilizando esta situación para que la opinión pública sepa que seguimos reclamando algo que es genuino y legal. Pero hasta ahora no encontramos la respuesta que necesitamos”, expresó.

Según detalló, el reclamo ya tuvo un recorrido judicial. En primera instancia, la Justicia laboral falló a favor de los retirados, pero la medida fue apelada por la Caja previsional y posteriormente revocada por la Cámara. Actualmente, el caso se encuentra a la espera de una definición del Superior Tribunal de Justicia.

No obstante, Gatti remarcó que el fallo de Cámara no desconoce el derecho de los reclamantes, sino que deriva la solución al ámbito político. “La Cámara no dice que no tengamos razón, al contrario. Pero plantea que esto debe resolverse en el Poder Ejecutivo y Legislativo. Es decir, se lavan las manos”, cuestionó.

Desde el sector sostienen que la falta de respuestas no solo es responsabilidad del Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo, al que acusan de no haber intervenido a tiempo en un conflicto que se profundiza mes a mes.

Además, denunciaron un accionar irrespetuoso por parte de las autoridades de la Caja, quienes —según indicaron— no se presentaron a reuniones pautadas con legisladores. En cambio, realizaron exposiciones en ciudades como Río Grande y Ushuaia donde describieron una situación financiera “caótica”, sin abrir instancias de diálogo real.

En esas presentaciones, afirmaron los retirados, se informó que ante la falta de liquidez se estableció un orden de prioridades para los pagos: primero los empleados de la Caja, luego sus directores y, en tercer lugar, los retirados provinciales, tanto penitenciarios como de seguridad. En ese esquema, los retirados territoriales quedaron relegados a la eventual disponibilidad de fondos provenientes del Gobierno.

“Desde julio estamos en esta situación y hasta hoy no cobramos. Dependemos de una partida que nunca llega”, señalaron con preocupación.

El reclamo, que suma meses sin resolución, pone en evidencia una problemática que trasciende lo administrativo y se instala como un conflicto social. Los retirados advierten que continuarán con las medidas de visibilización hasta obtener una respuesta concreta, mientras crece la incertidumbre sobre el cumplimiento de sus derechos.

Mientras las familias de los policías retirados territoriales enfrentan una situación cada vez más angustiante, marcada por la incertidumbre y la falta de ingresos, el Gobierno provincial parece optar por la indiferencia, eludiendo una responsabilidad que no puede ni debe postergarse. En ese contraste se revela algo más profundo que un conflicto administrativo: una preocupante desconexión entre quienes toman decisiones y quienes padecen sus consecuencias, donde los derechos quedan relegados y las urgencias reales pierden lugar en la agenda pública.