Presentan un proyecto para aliviar la carga fiscal de las PyMEs y proteger el empleo
Diputados del bloque Provincias Unidas impulsan una iniciativa que propone beneficios impositivos, facilidades de financiamiento, suspensión de ejecuciones fiscales y modificaciones al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones. El objetivo es fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas en un contexto de caída de la actividad económica.
Buenos Aires.- En un contexto de desaceleración de la actividad económica, dificultades de financiamiento y creciente preocupación por la pérdida de puestos de trabajo, un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley que busca brindar un amplio paquete de alivio para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), consideradas el principal motor del empleo privado formal en el país.
La iniciativa fue impulsada por el bloque Provincias Unidas, encabezado por el diputado socialista santafesino Pablo Farías, y cuenta con las firmas de Gisela Scaglia, María Inés Zigarán, Juan Brugge, Mariela Coletta, Carolina Basualdo, José Núñez, Esteban Paulón, Carlos Gutiérrez y Lourdes Arrieta.
El proyecto propone modificar distintos aspectos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, con especial énfasis en el fortalecimiento del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), al tiempo que incorpora un conjunto de medidas fiscales, financieras y administrativas destinadas a preservar la actividad productiva y evitar el cierre de empresas.
Alivio fiscal y protección para las empresas
Uno de los puntos centrales de la iniciativa contempla la suspensión por el plazo de un año de nuevos juicios de ejecución fiscal, embargos y otras medidas cautelares promovidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra empresas que cuenten con certificado MiPyME vigente.
Para acceder a este beneficio, las compañías deberán mantener, como mínimo, el 90% de su plantilla de trabajadores durante el período de vigencia de la medida, buscando de esta manera que el alivio fiscal tenga como contraprestación la preservación de las fuentes laborales.
El proyecto también crea un régimen excepcional para regularizar deudas tributarias, aduaneras y previsionales, con importantes beneficios para las empresas de menor tamaño. Entre ellos se destacan la condonación de multas, una reducción de hasta el 80% de los intereses acumulados, planes de pago de hasta 96 cuotas y un período de gracia de seis meses antes de comenzar a cancelar la deuda.
Beneficios impositivos e incentivos a la inversión
La propuesta incluye una reducción temporal en los anticipos del Impuesto a las Ganancias. De aprobarse, las micro y pequeñas empresas solo deberán abonar el 25% de los anticipos establecidos por la normativa vigente, mientras que las medianas empresas pagarán el 50%.
Además, se habilita la posibilidad de computar el 100% del Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios —conocido como impuesto al cheque— como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, una medida largamente reclamada por el sector empresario.
Otro aspecto relevante del proyecto establece un régimen de estabilidad fiscal por un período de 24 meses. Durante ese tiempo, el Estado nacional no podrá crear nuevos tributos ni incrementar las alícuotas de los impuestos existentes para las MiPyMEs alcanzadas por el régimen.
Más oportunidades para las PyMEs
La iniciativa también busca ampliar la participación de las pequeñas y medianas empresas en las compras públicas y en los grandes proyectos de inversión comprendidos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Para ello, incorpora herramientas como la devolución acelerada de créditos fiscales, mecanismos de amortización acelerada de inversiones y reducciones en las contribuciones patronales, con el propósito de mejorar la competitividad del sector.
En materia de financiamiento, el proyecto propone la creación de líneas especiales de crédito destinadas tanto a inversión productiva como a capital de trabajo, con tasas bonificadas, períodos de gracia y garantías respaldadas por el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR).
Cambios en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones
Las modificaciones más importantes a la Ley de Modernización Laboral apuntan al funcionamiento del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).
El proyecto reduce los montos mínimos de inversión exigidos para acceder a los beneficios, flexibiliza el tratamiento de los quebrantos impositivos, amplía los mecanismos de amortización acelerada y extiende la vigencia del régimen de dos a cinco años, con la posibilidad de otorgar una prórroga adicional.
El empleo como prioridad
En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores sostienen que las micro, pequeñas y medianas empresas representan la principal fuente de generación de empleo privado formal en la Argentina y advierten que muchas atraviesan una situación crítica como consecuencia de la elevada presión tributaria, las dificultades para acceder al crédito y la retracción de la actividad económica.
Por ese motivo, consideran indispensable implementar “medidas extraordinarias y transitorias” que permitan preservar el entramado productivo, sostener los puestos de trabajo y evitar el cierre de empresas, especialmente en un escenario donde numerosos sectores económicos enfrentan una fuerte caída de la demanda y crecientes dificultades para mantener su nivel de actividad.