Puerto de Ushuaia: la Provincia cuestiona la continuidad de la intervención nacional y reclama recuperar su administración
El jefe de Gabinete provincial rechazó la decisión de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación de extender la intervención de la terminal portuaria y aseguró que, después de casi diez meses de administración nacional, no se resolvieron las supuestas falencias que justificaron la medida. También denunció falta de transparencia en el manejo de los fondos y anticipó nuevas acciones judiciales.

La decisión de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) de prorrogar la intervención del Puerto de Ushuaia volvió a profundizar el conflicto entre el Gobierno nacional y la administración fueguina. En ese contexto, el ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, cuestionó la continuidad de la medida y sostuvo que, después de casi diez meses de gestión nacional, no existen avances concretos que permitan justificarla.
“No había justificativos cuando se inició la intervención y tampoco los hay hoy. En estos diez meses no se hizo ningún tipo de obra ni se resolvieron las supuestas falencias estructurales que utilizó la ANPyN para intervenir el puerto”, afirmó el funcionario, al poner en duda los argumentos que dieron origen a la decisión nacional.
Canals recordó que la intervención había sido fundamentada en presuntas deficiencias de infraestructura y seguridad, especialmente vinculadas con las condiciones del muelle y los riesgos que, según las autoridades nacionales, representaba para turistas y trabajadores. Sin embargo, advirtió que esas situaciones no fueron modificadas durante el período de administración nacional. “Nos decían que el muelle representaba un peligro para los turistas y los trabajadores. Sin embargo, el puerto siguió funcionando durante toda la temporada de cruceros y llegamos a noviembre sin obras ni licitaciones en marcha de las que tengamos conocimiento. Esto demuestra que los argumentos utilizados para intervenirlo no tenían sustento”, cuestionó.
Más allá de la falta de obras, el jefe de Gabinete puso el foco en otro aspecto que considera central: la ausencia de controles provinciales sobre los recursos económicos que genera la actividad portuaria. En ese sentido, denunció que la Provincia desconoce cuánto dinero ingresa, cómo se administran esos fondos y cuál es su destino.
“Hoy tenemos una estructura administrada por el Gobierno nacional sobre la cual la Provincia no tiene ningún tipo de control. No sabemos cuánto se recauda, cómo se administran los fondos ni cuál es el destino de esos recursos que pertenecen a todos los fueguinos”, manifestó. Para Canals, la continuidad de la intervención representa además un avasallamiento de la autonomía provincial. Por ese motivo, remarcó que el Gobierno fueguino sostiene distintas presentaciones judiciales con el objetivo de recuperar la administración del puerto y garantizar el ejercicio de las facultades de control que le corresponden a la Provincia.
En esa línea, adelantó que el Ministerio de Trabajo presentará una nueva denuncia penal frente a los impedimentos para realizar inspecciones vinculadas con la seguridad laboral dentro de la terminal portuaria. Esta presentación se sumará a las actuaciones que ya impulsa el Ministerio de Ambiente, en un escenario de creciente tensión institucional por las restricciones al ejercicio de las competencias provinciales.
La situación también alcanza a los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos, cuyo futuro laboral genera preocupación en medio de la continuidad de la administración nacional. Sobre este punto, Canals reconoció que se trata de un escenario complejo y aseguró que el Gobierno mantiene un trabajo articulado con los sectores involucrados.
“Es una situación compleja y difícil. Estamos trabajando articuladamente, entendiendo que los trabajadores y los sindicatos tienen su rol fundamentalmente en la defensa de sus fuentes laborales”, expresó.
Finalmente, el funcionario cuestionó el silencio de los representantes fueguinos de La Libertad Avanza frente a la decisión del Gobierno nacional y reclamó un posicionamiento público de quienes ocupan bancas legislativas en representación de la provincia.“Es llamativo el silencio de quienes representan al Gobierno nacional en nuestra provincia. Los senadores, diputados y legisladores de La Libertad Avanza no dicen absolutamente nada”, sostuvo.
De esta manera, el Gobierno provincial volvió a ratificar su rechazo a la intervención y su intención de avanzar por las vías institucionales y judiciales para recuperar el control de una terminal estratégica para la economía fueguina, el turismo y la actividad logística. Canals cerró sus cuestionamientos con una acusación directa sobre el manejo nacional del puerto: “Lo único que hicieron es quedarse con los recursos de la Provincia”.