Tierra, combustible y ajuste: las claves detrás del estallido en Bolivia
Lo que comenzó como una marcha indígena contra una reforma territorial derivó en una parálisis nacional. La falta de dólares, el colapso energético y el rechazo al modelo económico empujaron a Bolivia a un escenario de máxima tensión.
Todo comenzó en la segunda mitad de abril de 2026, cuando organizaciones indígenas y campesinas iniciaron una marcha desde la Amazonía boliviana con destino a La Paz. El detonante fue la promulgación de la “Ley de Conversión de Tierras” (1.720), cuya aprobación se realizó sin debate público ni consulta previa a las comunidades afectadas.
La norma habilita la recategorización de tierras comunitarias como “propiedad mediana”, lo que permitiría utilizarlas como garantía hipotecaria para solicitar créditos bancarios. Para las organizaciones indígenas y campesinas, esto abre la puerta a la especulación inmobiliaria y pone en riesgo la tenencia de la tierra, dado que el incumplimiento de un crédito podría derivar en la pérdida de las parcelas ante las entidades financieras.
La sensibilidad del tema no es menor. En Bolivia, la tierra no es solo un recurso económico, tiene rango constitucional y una carga histórica profunda para los pueblos indígenas, cuya relación con el territorio precede al propio Estado.
Escasez y nafta adulterada: el colapso del combustible y el consumo
Bolivia arrastra desde hace tiempo una severa escasez de dólares en el Banco Central. Como el país necesita divisas para importar la mayor parte del diésel y la gasolina que consume, la falta de ellas generó un desabastecimiento crónico. Al paralizarse el transporte, se encareció y dificultó la llegada de alimentos a las ciudades, generando escasez en los mercados.
En medio de esta asfixia financiera, estalló un escándalo por combustible adulterado cuando se descubrió que 150 millones de litros de combustible importados estaban mezclados con agua sucia y aceite usado. Esto no solo indignó a la población por los daños a los vehículos, sino que profundizó aún más el faltante de nafta y diésel en todo el país.
El DNU 5503: la política de “shock” y la desregulación extractivista
En diciembre de 2025 el presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5503, donde aplicó un plan de ajuste económico. En un contexto de alta inflación, el Gobierno decidió congelar los salarios. Esto generó una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, derrumbando el consumo interno y quebrando a miles de pequeños comercios.
La medida no terminó allí, ya que el Decreto también promovió la desregulación a través de un régimen de aprobación rápida de 30 días para inversiones extractivas. Esto no fue bien recibido por parte de los defensores ambientales y las comunidades indígenas que denunciaron la entrega de áreas protegidas a capitales privados, lo que fue percibido por la población como una profunda injusticia social.
El choque de dos Bolivias: la resistencia del altiplano frente al modelo cruceño
Para entender esta crisis hay que mirar el mapa. De un lado, el altiplano andino: histórico, de mayoría quechua y aimara, defensor del Estado fuerte. Del otro, la élite de Santa Cruz, el motor agroindustrial que exige libre mercado. Paz Pereira eligió gobernar con el modelo cruceño, y esa alianza es la que hoy se rechaza en las calles.
Paro nacional: la convergencia de la clase trabajadora
El impacto del plan de ajuste logró lo impensado: unificar los reclamos. Ya no son solo los movimientos sociales, dado que el congelamiento salarial empujó a las calles al transporte pesado, a los comerciantes y a la poderosa Central Obrera Boliviana (COB).
El carácter de las manifestaciones
Las manifestaciones se están ejecutando mediante una estrategia histórica en la cultura de protesta andina, que es el bloqueo nacional de caminos, a través de una parálisis geográfica y económica coordinada que estrangula los accesos clave del país.
Bolivia depende de una red de carreteras principales que conecta su motor económico (Santa Cruz de la Sierra) con la sede de gobierno (La Paz) y el principal nodo logístico del centro (Cochabamba). Al cortar estos puntos estratégicos, el país queda literalmente partido en pedazos. Las mercancías de exportación no pueden salir, los alimentos no llegan a los mercados urbanos y el poco combustible disponible no puede ser distribuido. En ese sentido, la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia emitió un comunicado donde denuncia que la parálisis de las rutas ya generó pérdidas superiores a los 600 millones de dólares.
Si los bloqueos son efectivos es porque están organizados bajo estructuras comunales y sindicales con un alto nivel de disciplina y funcionan en un sistema de turnos: se organizan para abastecer de comida y otras necesidades a quienes están en la ruta, lo que les permite sostener los cortes de forma indefinida sin desgastarse.
El alineamiento llega desde Argentina y Estados Unidos
Tanto Washington como Buenos Aires han cerrado filas de manera contundente para sostener al gobierno de Rodrigo Paz Pereira, interpretando la ola de bloqueos y protestas como un intento directo de quiebre institucional. El gobierno de Javier Milei envió dos aviones Hércules de las Fuerzas Armadas. Frente a ello, en Argentina se está investigando el motivo oficial.
Por su parte, la diplomacia norteamericana calificó la crisis como un “golpe de Estado en marcha”, argumentando que detrás de los “cortes de ruta violentos” opera una “alianza perversa entre la política y el crimen organizado” que busca imponerse sobre las instituciones bolivianas.
¿Y Evo Morales?
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira y la administración estadounidense señalan a Evo Morales como el presunto autor intelectual y financista del bloqueo de rutas nacionales, aunque estas acusaciones no han sido sustanciadas en el ámbito judicial. Sin embargo, existe una fragmentación considerable entre los distintos sectores organizados, por lo que las movilizaciones en Bolivia no pueden atribuirse exclusivamente al evismo.
En la actualidad, Evo Morales se encuentra en su bastión político y territorial histórico: el Trópico de Cochabamba, custodiado por las Seis Federaciones del Trópico (el sindicato de productores de hoja de coca que él lidera), debido a que la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo investigan desde hace años por presuntos vínculos con el narcotráfico. El objetivo declarado de Washington sería lograr su detención y extradición.
De concretarse esta acción —sumada a la detención de Nicolás Maduro y a las recientes declaraciones del presidente cubano Miguel Díaz-Canel sobre una posible incursión militar en su país— se configura un patrón que merece atención desde el derecho internacional. Independientemente de la valoración política que se haga de cada uno de estos líderes, la región enfrenta interrogantes sobre la vigencia de principios como la soberanía, la no intervención y el debido proceso en el marco del derecho internacional público frente al rol que está ocupando Estados Unidos.
c5n