Una resolución de la Justicia Federal de Río Grande frena el avance petrolero en Malvinas

La disputa por la explotación hidrocarburífera en torno a las Islas Malvinas sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial de fuerte impacto. Desde Río Grande, la jueza federal Mariel E. Borruto ordenó suspender el avance del proyecto petrolero Sea Lion —León Marino—, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited.

La decisión fue adoptada en el marco del expediente FCR 13706/2026, a partir de una acción preventiva promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA), quienes plantearon la existencia de un posible daño ambiental y una cuestión vinculada con la soberanía sobre los espacios marítimos en disputa.

El proyecto se encuentra ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y contempla el desarrollo de actividades hidrocarburíferas offshore. Con su resolución, Borruto dispuso que las compañías se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar acciones materiales vinculadas con el emprendimiento, entre ellas perforaciones e infraestructura asociada.

Una medida cautelar que pone el foco en el ambiente y la soberanía

El razonamiento de la magistrada se construyó alrededor de distintos elementos: la protección del ambiente, el principio precautorio y la cuestión de la soberanía argentina sobre los espacios involucrados.

Uno de los aspectos centrales considerados por el tribunal fue la ausencia de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas para el proyecto. La medida judicial apunta precisamente a impedir que las obras avancen mientras no se sustancie el procedimiento ambiental correspondiente.

La jueza dejó establecido, además, que la decisión tiene carácter cautelar y provisorio y que no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre todas las cuestiones planteadas en la acción judicial.

De esta manera, el fallo no supone el cierre definitivo del proyecto, sino la suspensión de su avance mientras continúa el proceso judicial y se analiza la situación ambiental y administrativa.

Qué actividades quedan alcanzadas

La resolución ordena a Rockhopper y Navitas abstenerse de avanzar con las acciones materiales vinculadas al desarrollo del proyecto Sea Lion.

Entre ellas se encuentran las tareas de perforación y las instalaciones necesarias para desarrollar la explotación hidrocarburífera. El alcance de la medida busca evitar que el proyecto continúe avanzando mientras se sustancian las instancias ambientales y judiciales correspondientes.

La decisión adquiere especial relevancia por la magnitud de la infraestructura proyectada y por el carácter offshore de las operaciones, en una zona cuya soberanía es objeto de una disputa histórica entre Argentina y el Reino Unido.

Diez días para explicar cómo avanza el proyecto

Además de ordenar la suspensión, el juzgado estableció un plazo de diez días para que las empresas presenten información detallada sobre el emprendimiento.

Deberán informar el estado actual del proyecto, su cronograma, los pozos previstos, las unidades flotantes, los principales contratistas, su estructura societaria, las fuentes de financiamiento, las compañías aseguradoras y la documentación relacionada con los estudios ambientales y planes de contingencia.

El tribunal también dispuso la preservación de la documentación vinculada con el emprendimiento, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de información relevante para el desarrollo de la causa.

La jueza, en cambio, decidió postergar por el momento una prohibición general sobre contratos de financiamiento, desembolsos, pagos y transferencias, al considerar que una medida de ese alcance podría involucrar operaciones y terceros que todavía no se encuentran suficientemente individualizados.

Información a organismos nacionales

La resolución también contempla requerimientos de información a organismos del Estado argentino, entre ellos las áreas vinculadas con ambiente, energía y relaciones exteriores.

El objetivo es incorporar al expediente los antecedentes administrativos relacionados con las empresas y con el proyecto, así como información sobre autorizaciones, sanciones y actuaciones previas.

Una vez reunida esa documentación y producida la intervención de las empresas demandadas, el tribunal deberá volver a evaluar el alcance de la medida cautelar y determinar si corresponde mantenerla, modificarla, ampliarla o levantarla.

Un nuevo capítulo judicial por los recursos de Malvinas

La resolución de Borruto se produce en un contexto de creciente tensión alrededor de los proyectos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur. En los últimos días, las empresas involucradas ratificaron sus planes de avanzar con el desarrollo de Sea Lion, mientras que Argentina profundizó sus acciones administrativas y judiciales contra las compañías que participan del emprendimiento.

Para el CECIM y la AAdeAA, la vía judicial representa una herramienta para cuestionar el avance de las actividades hidrocarburíferas y reclamar la intervención de las autoridades argentinas en materia ambiental.

Para el expediente que tramita en Río Grande, ahora se abre una nueva etapa: las empresas deberán responder al requerimiento judicial, aportar la información solicitada y someterse al desarrollo de un proceso en el que ambiente, jurisdicción y soberanía aparecen estrechamente vinculados.

La resolución, fechada el 16 de septiembre de 2026, marca así un nuevo capítulo en una controversia que excede el ámbito estrictamente petrolero y vuelve a colocar a Río Grande y a la Justicia Federal fueguina en el centro de una disputa vinculada con los recursos naturales, el ambiente y la cuestión Malvinas.