Ushuaia: Salud y Justicia fortalecen protocolos para actuar ante fallecimientos
Profesionales de la salud, integrantes de servicios de emergencia y operadores judiciales participaron de un conversatorio destinado a unificar criterios sobre la confección de certificados de defunción y los procedimientos que deben activarse ante muertes violentas, dudosas o sin certificación médica.
Ante un fallecimiento, los primeros minutos pueden resultar determinantes. La constatación de la muerte, la confección del certificado de defunción y la eventual intervención de la Justicia forman parte de un procedimiento que requiere precisión, conocimiento y coordinación entre distintas instituciones.
Con ese objetivo, profesionales de la salud, integrantes de servicios de emergencia y operadores judiciales participaron este martes 8 de septiembre de un conversatorio sobre la confección de certificados de defunción y la actuación judicial ante fallecimientos, realizado en la Escuela Judicial de Ushuaia.
La actividad fue organizada de manera conjunta por la Dirección Pericial y el Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Sur, y buscó generar un espacio de capacitación e intercambio para despejar dudas y fortalecer los mecanismos de actuación frente a situaciones que pueden requerir intervención judicial.
Las exposiciones estuvieron a cargo del médico forense de la Dirección Pericial del Distrito Judicial Sur, Dr. Eric Manrique Trujillo; el juez de Instrucción N° 1, Dr. Sergio Pepe; y el secretario de Primera Instancia de ese Juzgado, Dr. Daniel Yakke Araque Santilli.
Durante el encuentro se abordó, en primer término, una diferencia fundamental para quienes intervienen ante un fallecimiento: la constatación de la muerte no equivale a la confección del certificado de defunción. A partir de esa distinción, se repasaron los pasos que deben seguir los profesionales de la salud cuando las circunstancias del fallecimiento hacen necesaria la intervención de la Justicia.
También se analizaron los alcances del protocolo interministerial, que establece pautas de actuación y coordinación entre los profesionales de la salud, la Policía y el Poder Judicial. En ese marco, se explicó cómo interviene la División Policía Científica y cuáles son las herramientas previstas para respaldar la actuación de los profesionales que deben intervenir en estas situaciones.
Qué ocurre cuando interviene la Justicia
Uno de los puntos centrales del conversatorio estuvo relacionado con el procedimiento previsto por el artículo 238 del Código Procesal Penal de la provincia para la realización de autopsias judiciales en aquellos casos en los que se presume una muerte violenta, existen circunstancias dudosas o no es posible obtener una certificación médica.
Los expositores también buscaron despejar una preocupación frecuente entre los profesionales de la salud: las responsabilidades legales derivadas de su intervención.
En ese sentido, se explicó que el profesional que actúa de acuerdo con las reglas de su profesión y cumple con el protocolo establecido cuenta con respaldo legal cuando su actuación se desarrolla de buena fe.
La aclaración apunta a diferenciar la intervención de un profesional que cumple con los procedimientos establecidos de aquellas situaciones en las que pueda existir una conducta que eventualmente constituya un delito. En estos casos, se remarcó, la investigación penal tiene como objetivo determinar si existió un hecho delictivo y no sancionar al médico que actuó conforme al procedimiento correspondiente.
Unificar criterios para actuar con mayor seguridad
Más allá de los aspectos técnicos y jurídicos, uno de los principales objetivos de la jornada fue fortalecer la coordinación entre el sistema de salud y el Poder Judicial, delimitar responsabilidades y brindar mayor seguridad a los profesionales que deben intervenir frente a un fallecimiento.
El encuentro también permitió poner sobre la mesa situaciones que forman parte de la práctica cotidiana de quienes trabajan en hospitales, centros de salud y servicios de emergencia, donde muchas veces deben tomar decisiones en escenarios complejos y bajo presión.
La actividad concluyó con un espacio de intercambio en el que los asistentes plantearon casos habituales de su práctica profesional y realizaron consultas sobre los procedimientos y las responsabilidades legales que corresponden en cada situación.
De esta manera, el conversatorio permitió fortalecer criterios comunes y los canales de comunicación entre las instituciones involucradas, con la mirada puesta en lograr una respuesta más clara, segura y coordinada cada vez que un fallecimiento requiere la intervención conjunta de la salud, la Policía y la Justicia.
