El Gobierno apelará la nulidad del protocolo antipiquetes y asegura que lo defenderá “a toda costa”
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que el Ejecutivo recurrirá la decisión judicial que declaró inválido el protocolo antipiquetes, instaurado hace dos años para controlar movilizaciones sociales y cortes de calle.
El juez del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, declaró este lunes la nulidad del llamado “protocolo antipiquetes”, implementado durante la gestión de Patricia Bullrich. La decisión se dio tras un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que argumentó que el protocolo vulnera derechos constitucionales fundamentales, como la libertad de reunión, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a solicitar acciones del Estado.
El fallo judicial sostiene que la administración pública no puede dictar normas que lesionen derechos básicos de los ciudadanos. Según el CELS y el juez, el protocolo otorgaba a las fuerzas de seguridad facultades para intervenir de manera inmediata ante cortes de calle, con criterios que podrían considerarse represivos.
Frente a esta decisión, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva utilizó sus redes sociales para afirmar: “Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”. Asimismo, el Ministerio de Justicia publicó un comunicado oficial asegurando que se apelará la medida y que “el Protocolo es legítimo y se cumple”.
Desde su implementación, el protocolo había sido defendido por el Gobierno como una herramienta clave para garantizar la libre circulación y evitar que las calles queden bloqueadas durante manifestaciones, asegurando la convivencia entre quienes protestan y quienes necesitan desplazarse o trabajar.
La apelación que prepara el Ejecutivo promete mantener el conflicto en la agenda pública y reafirma la tensión entre el Gobierno y los organismos de derechos humanos sobre la regulación de las protestas sociales en el país.
