Grave denuncia contra la Clínica San Jorge por presunto trato discriminatorio a afiliados de OSEF

Una grave denuncia fue presentada contra la Clínica San Jorge en la ciudad de Ushuaia por presunto trato discriminatorio y abusivo hacia afiliadas y afiliados de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). La presentación fue realizada por Adriana Soria, vocal por el sector activo, ante la presidenta del organismo, Mariana Hruby, y el vicepresidente Gustavo García.

Según detalla la denuncia, la clínica estaría implementando prácticas que violan el convenio vigente y que afectan de manera directa el acceso a la salud de las familias trabajadoras. Entre los puntos más graves, se señala la imposición de cupos arbitrarios, limitando la atención ambulatoria a solo siete afiliados de OSEF por día, una restricción que —aseguran— no tiene sustento contractual ni legal.

Desde la Vocalía indicaron que el convenio vigente, firmado en septiembre de 2025, obliga al prestador a brindar atención integral, por lo que la restricción de turnos resulta injustificada y malintencionada. Además, denunciaron que esta práctica configura una discriminación por cobertura, ya que la Clínica San Jorge atendería sin límites a pacientes de otras obras sociales o prepagas, mientras restringe el acceso a afiliados de OSEF.

“La clínica utiliza su posición dominante dentro del sistema de salud para imponer condiciones unilaterales que no fueron pactadas”, advierte la presentación. En ese sentido, remarcaron que el sistema de pago es por prestación, es decir, que la institución cobra por cada paciente atendido, lo que vuelve aún más injustificable el límite impuesto y lo convierte, según la denuncia, en una medida de presión contra las trabajadoras y los trabajadores.

Ante este escenario, la Vocalía solicitó a las autoridades de OSEF una respuesta inmediata y firme, que incluya:

• La intimación a la Clínica San Jorge para que cese la discriminación y los cupos en un plazo de 48 horas.
• La aplicación de sanciones formales por incumplimientos graves que ponen en riesgo la salud y la vida de los afiliados.
• La transparencia de las decisiones políticas, dejando constancia en actas de la postura de cada integrante del Directorio.

“No vamos a permitir que la salud de las familias trabajadoras sea utilizada como rehén de intereses económicos ni como moneda de cambio en una mesa de negociación”, señalaron desde la Vocalía, al tiempo que advirtieron que no aceptarán la pasividad como respuesta.

Finalmente, la denuncia apunta de manera directa a los representantes del Gobierno en el Directorio de OSEF, remarcando que tienen la obligación legal de proteger a los afiliados. “Si no se frena este abuso, el Gobierno Provincial será el único responsable político de dejar desprotegidos a miles de trabajadores estatales”.