La Iglesia advierte por la crisis social y cuestiona políticas del Gobierno: “Se multiplican los pedidos de ayuda”

En un contexto de creciente preocupación social, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, advirtió sobre el deterioro de la situación económico-social del país y el impacto directo en los sectores más vulnerables.

Durante declaraciones radiales realizadas este sábado 4 de abril, Colombo señaló un incremento sostenido en la cantidad de personas que recurren a la asistencia de Cáritas en busca de ayuda básica. “Se nota el incremento del número de personas que piden la ayuda, la asistencia de Cáritas”, expresó, al tiempo que describió el escenario actual como “un tiempo difícil” que exige fortalecer la empatía y los lazos comunitarios.

El arzobispo también puso el foco en la compleja realidad de los grandes centros urbanos, donde —según indicó— la crisis se hace más visible. “En los grandes centros urbanos la situación es muy complicada”, afirmó, marcando un contraste con sectores de la economía que muestran signos de recuperación.

En ese marco, el titular del Episcopado formuló un reclamo directo al Gobierno nacional por la interrupción de pagos vinculados a prestaciones por discapacidad. Según explicó, la falta de actualización de estos fondos compromete el funcionamiento de instituciones clave. “Hace unos meses ya que no se están pagando los fondos y entonces hay como un decaimiento grande de las obras”, advirtió, y mencionó el caso de los cotolengos de Don Orione, que dependen de esos recursos para sostener equipos profesionales.

Ante esta situación, la Conferencia Episcopal envió una nota al Ministerio de Salud solicitando la reactivación de los mecanismos de financiamiento, en un planteo que —según remarcaron— refleja la gravedad del escenario.

En paralelo, Colombo también llamó a reducir los niveles de confrontación en el debate público y a mejorar las formas de comunicación política. “Nosotros hablamos de desarmar las palabras y de procurar, cualquiera sea el ciudadano, tratar de comunicarse de modo de no agraviar”, sostuvo, y aclaró que la postura de la Iglesia no responde a intereses partidarios, sino a la preocupación por el bienestar social. “Nos importa muchísimo el lugar de la atención de la gente más vulnerable”, concluyó.

Por otra parte, la preocupación eclesiástica se extendió al plano ambiental e institucional. Obispos de la región patagónica manifestaron su rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno, que ya cuenta con media sanción en el Senado.

A través de un documento titulado “La participación democrática amenazada…”, los referentes religiosos cuestionaron el proceso de debate y denunciaron supuestas maniobras para limitar la participación ciudadana en audiencias públicas. En ese sentido, señalaron la existencia de prácticas de presión y amedrentamiento en los espacios de discusión.

“Hemos visto la misma metodología: cercenar intervenciones, impedir el ingreso al recinto, desestabilizar oradores e incluso amedrentar llenando los lugares de las asambleas con personas expertas en generar ruido y miedo”, expresaron en el comunicado conjunto.

La declaración, de fuerte contenido político y social, refleja una creciente preocupación dentro de la Iglesia por el rumbo de distintas políticas públicas, en un escenario donde la crisis económica, la conflictividad social y el debate ambiental se entrecruzan con intensidad.