Salmoneras: impulsan un amparo colectivo en Tierra del Fuego
La investigadora Nancy Fernández confirmó que trabajan en una presentación judicial para frenar posibles impactos ambientales y exigir controles estrictos ante nuevos proyectos acuícolas.
En medio del debate por el avance de la industria salmonera en Tierra del Fuego, crece la respuesta de sectores ambientales y académicos. La docente e investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y presidenta de la Asociación Manekenk, Nancy Fernández, confirmó que trabajan en la presentación de un amparo colectivo para auditar cualquier emprendimiento que pueda afectar el entorno natural.
“Estamos trabajando en un amparo colectivo. Lleva su tiempo porque hay que reunir pruebas y consensos, pero estimamos presentarlo a mediados del mes que viene”, adelantó. La iniciativa, explicó, apunta a que la Justicia actúe como veedora y garantice controles permanentes sobre eventuales proyectos productivos.
El anuncio se da en un contexto marcado por la reciente visita de la Embajada de Noruega a la provincia, un hecho que Fernández no consideró casual. “Estas conversaciones no son nuevas. Evidentemente vinieron a tantear el escenario social y ver posibilidades de negocio”, sostuvo, al tiempo que vinculó el interés con la expansión internacional de la industria salmonera.
Tras visitar granjas en Noruega, la investigadora fue contundente: “Ya contaminaron todo lo posible que podían haber contaminado. No les queda más lugar donde expandirse”. Según explicó, las exigencias ambientales en Europa empujan a las empresas a buscar nuevos territorios con menores restricciones.
Sin embargo, distinguió entre modelos productivos. Señaló que sistemas cerrados con recirculación de agua —como el RAS— podrían generar menor impacto y, en algunos casos, menor rechazo social. En cambio, advirtió sobre los riesgos de las instalaciones a gran escala en entornos naturales sensibles.
En ese sentido, apuntó a experiencias locales como las desarrolladas en Puerto Almanza, donde cuestionó el impacto paisajístico, y alertó sobre escenarios más críticos: “La mayor resistencia se daría si se introducen granjas en lagos o sobre la costa atlántica”.
La preocupación también alcanza a dirigentes políticos. Fernández mencionó que el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, expresó inquietud ante la posible instalación de criaderos (hatcheries) en el Lago Fagnano, un ecosistema clave de la región.
El amparo colectivo, explicó, toma como referencia antecedentes como la causa por la contaminación del Riachuelo —un caso emblemático de control judicial ambiental en el país— y experiencias locales en Ushuaia. La intención es que, ante cualquier avance productivo, existan peritos y mecanismos de control que garanticen la protección del ambiente.
“Nosotros queremos que haya producción, pero desconfiamos de las autoridades para regularla. Una vez que la actividad se instala, no la sacás más”, advirtió. En esa línea, cuestionó duramente al subsecretario de Coordinación Pesquera y Acuícola, al expresar su falta de confianza en los controles estatales.
Así, el conflicto por las salmoneras suma un nuevo capítulo judicial en la provincia, donde el debate ya no solo se libra en el plano político y social, sino que comienza a trasladarse a los tribunales, con el foco puesto en la defensa de uno de los ecosistemas más sensibles del país.
