“Los criminales dejarán de controlar territorios”: Lula lanzó una ofensiva contra las bandas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó oficialmente el programa “Brasil contra el Crimen Organizado”, una estrategia nacional que busca desarticular las estructuras de las bandas delictivas más peligrosas del país. Con una inversión total que asciende a los 11.000 millones de reales (aproximadamente u$s2.241 millones), la iniciativa surge como respuesta directa al aumento de la violencia y a la creciente presión social por mayor seguridad en el territorio brasileño.

“El acto de hoy es una señal para decirle al crimen organizado que en poco tiempo no serán más los dueños de ningún territorio”, afirmó Lula durante el evento oficial realizado en Brasilia. El plan se estructurará sobre cuatro pilares fundamentales: el debilitamiento de las finanzas de las bandas, el refuerzo del sistema penitenciario, la mejora en la investigación de homicidios y el combate frontal al tráfico de armas y explosivos.

El mandatario subrayó que el objetivo es atacar el crimen en todas sus capas, señalando que los responsables muchas veces no están en las favelas, sino en los sectores de mayor poder adquisitivo vinculados al lavado de dinero. Del presupuesto total asignado, la mayor parte provendrá de líneas de crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que aportará 10.000 millones de reales. El resto será financiado con fondos del presupuesto federal, destinándose unos 1.060 millones de reales para su ejecución inmediata durante el año 2026. Este desembolso permitirá la adquisición de tecnología de punta, incluyendo drones, escáneres corporales, sistemas de rastreo de ADN y vehículos blindados.

Una de las medidas más concretas es la modernización de 138 cárceles en todo el país, donde se instalarán bloqueadores de señal de celular y áreas de aislamiento para líderes criminales para evitar que coordinen delitos desde el interior. En paralelo, el Congreso brasileño aprobó la Ley Antifacción, que endurece significativamente las penas -llegando hasta los 66 años para jefes de organizaciones- y restringe el acceso a beneficios penitenciarios para criminales considerados de alta peligrosidad.

El lanzamiento se dio a solo cinco meses de las elecciones presidenciales de octubre, donde Lula se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, quien promueve un modelo de seguridad de “mano dura”. En este contexto, el presidente brasileño también buscó respaldo internacional tras reunirse con su par de Estados Unidos, Donald Trump, a quien propuso una alianza contra el crimen transnacional para frenar, entre otros puntos, el ingreso de armas desde territorio estadounidense.

Finalmente, Lula anunció la intención de crear un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, lo cual dependerá de la aprobación de una enmienda constitucional en el Senado. Con esta medida, el Gobierno federal busca tener una participación más activa y coordinada con los estados en la lucha contra el narcotráfico y las milicias.