El Gobierno envió al Senado un proyecto para combatir la ludopatía y endurecer el control sobre las apuestas online
La iniciativa propone un marco integral para prevenir el juego compulsivo, especialmente entre menores de edad, y apunta contra las plataformas ilegales con sanciones penales, restricciones publicitarias y mayores controles financieros y tecnológicos.
Tal como había anticipado días atrás, el Poder Ejecutivo nacional remitió al Congreso un proyecto de ley destinado a establecer un nuevo marco regulatorio para la prevención de la ludopatía y el control de las apuestas online. La iniciativa, que ingresó por el Senado y se conoció oficialmente este lunes, pone el foco en la protección de niños, niñas y adolescentes, el combate a las plataformas ilegales y el abordaje del juego problemático como una cuestión de salud pública.
En el mensaje que acompaña el texto, el Gobierno advierte sobre el crecimiento acelerado del acceso a sitios de apuestas digitales y el impacto que esta expansión tiene especialmente en jóvenes y menores de edad. “El uso problemático de tecnologías digitales y las conductas compulsivas asociadas a los juegos de azar constituyen fenómenos complejos y multidimensionales”, sostiene el documento oficial.
El diagnóstico oficial se apoya en datos recientes del Observatorio Argentino de Drogas de Sedronar, que indican que más de uno de cada cuatro estudiantes secundarios realizó apuestas con dinero durante el último año, con predominio de plataformas online.
Frente a ese escenario, el proyecto plantea como objetivos centrales erradicar la explotación ilegal de juegos de azar en internet, impedir el acceso de menores y consolidar políticas públicas de prevención y tratamiento de la ludopatía en todo el país.
La propuesta incorpora además una mirada amplia sobre los consumos problemáticos, al señalar que no se trata únicamente de cuadros clínicos extremos, sino también de conductas de riesgo que pueden derivar en consecuencias económicas, familiares y sociales.
Uno de los aspectos más fuertes de la iniciativa es el endurecimiento de las sanciones penales. El texto prevé penas de entre tres y seis años de prisión para quienes exploten plataformas de apuestas sin autorización, mientras que quienes colaboren con esas operatorias —mediante servicios tecnológicos, financieros o publicitarios— podrían enfrentar condenas de dos a cuatro años.
En materia publicitaria, el proyecto establece la prohibición total de promocionar plataformas ilegales en redes sociales, medios de comunicación, vía pública y cualquier otro formato de difusión. La responsabilidad también alcanzará a influencers, agencias, productoras y medios que participen en esas campañas.
Para las plataformas autorizadas, en tanto, se fijan límites estrictos. Las publicidades no podrán estar dirigidas a menores ni asociar el juego con éxito económico, reconocimiento social o soluciones financieras. Tampoco podrán vincularse al consumo de alcohol o tabaco.
El proyecto también asigna nuevas responsabilidades a distintos organismos estatales. El Enacom tendrá la facultad de bloquear contenidos y publicidades de sitios ilegales, mientras que el Banco Central deberá impedir operaciones financieras vinculadas a plataformas no autorizadas y restringir especialmente transferencias realizadas desde cuentas pertenecientes a menores de edad.
A su vez, las entidades financieras y los proveedores de pago electrónico estarán obligados a operar únicamente con plataformas que cuenten con mecanismos eficaces de verificación de edad.
La Comisión Nacional de Valores y los proveedores de activos virtuales también quedarán alcanzados por controles específicos para prevenir movimientos financieros relacionados con operadores ilegales.
Otro de los puntos centrales del proyecto es la habilitación de mecanismos rápidos para bloquear o dar de baja dominios de apuestas no autorizadas, una tarea que quedará bajo la órbita de NIC Argentina en coordinación con las autoridades competentes.
En paralelo, la iniciativa fortalece el rol de Sedronar y del Ministerio de Salud en materia de prevención y tratamiento. El texto contempla campañas de concientización, programas educativos, capacitación para agentes estatales y producción de información epidemiológica sobre el avance del juego problemático.
“El proyecto procura consolidar un enfoque integral que combine prevención, educación, asistencia y cooperación institucional”, sostiene el mensaje oficial, que además remarca la necesidad de articular acciones entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Si bien el texto reconoce que la regulación del juego corresponde constitucionalmente a las provincias, el Ejecutivo argumenta que la expansión de las plataformas digitales ilegales exige respuestas coordinadas que superen las fronteras jurisdiccionales.
Con el envío de esta iniciativa al Senado, el Gobierno incorpora a la agenda legislativa un tema que en los últimos años ganó fuerte preocupación pública, especialmente por el crecimiento de las apuestas online entre adolescentes y jóvenes.