El Senado avanza con la Ley Hojarasca: buscan derogar más de 70 normas consideradas obsoletas

El Senado de la Nación dará este miércoles un nuevo paso en el tratamiento de la denominada Ley Hojarasca, un proyecto promovido por el Gobierno nacional que propone eliminar decenas de normas consideradas obsoletas, anacrónicas o incompatibles con las libertades individuales y el funcionamiento actual del Estado.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, será analizada a partir de las 12.30 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez. El objetivo del oficialismo es obtener dictamen favorable sin modificaciones para acelerar su tratamiento en el recinto y lograr su sanción definitiva antes de que finalice el mes.

El proyecto contempla la derogación de unas 70 leyes aprobadas entre el siglo XIX y comienzos del siglo XXI que, según sus impulsores, han perdido vigencia práctica debido a los cambios tecnológicos, sociales e institucionales, o bien representan regulaciones que hoy resultan incompatibles con una concepción más amplia de las libertades individuales.

Entre las normas incluidas figura la Ley 20.120, sancionada durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, que obligaba a los organizadores de reuniones públicas en espacios cerrados a notificar previamente a las autoridades y facultaba a la policía a ingresar a esos encuentros. Desde el oficialismo sostienen que se trata de una disposición que vulnera derechos básicos vinculados a la privacidad y la libertad de reunión.

También se encuentra la Ley 20.983, promulgada en 1975, que establecía la obligación para las emisoras radiales y televisivas de dedicar al menos una hora diaria a contenidos relacionados con el turismo nacional.

La nómina incluye además una serie de normativas que reflejan distintas etapas de la historia argentina y que hoy aparecen como vestigios de otros tiempos. Entre ellas figura la Ley 18.312 de 1969, que regulaba la disponibilidad del papel para diarios; la Ley 19.787 de 1972, que imponía la difusión de determinados géneros musicales considerados de interés por el Estado; y la Ley 22.963 de 1983, que exigía autorización estatal para utilizar mapas de la República Argentina con cualquier finalidad.

Otro de los puntos llamativos es la derogación de la Ley 20.843 de 1974, que instauró el tradicional padrinazgo presidencial para el séptimo hijo varón o mujer de una familia, una costumbre con fuerte arraigo cultural que aún se mantiene en algunos ámbitos como un gesto simbólico.

Asimismo, el proyecto elimina la Ley 25.750 de 2003, que limitaba al 30% la participación extranjera en empresas propietarias de medios de comunicación, y la Ley 26.688 de 2011, que declaró de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos.

Entre las normas más curiosas que podrían desaparecer figura también la Ley 27.171, sancionada en 2015, que estableció el registro obligatorio del año de nacimiento y matrícula de las palomas mensajeras de carrera.

La denominada Ley Hojarasca forma parte de la estrategia de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei, orientada a reducir el volumen normativo acumulado durante décadas y simplificar el marco legal argentino. Desde el oficialismo sostienen que muchas de las leyes incluidas en el proyecto ya no tienen aplicación práctica o regulan situaciones que fueron superadas por la evolución tecnológica y los cambios en la organización del Estado.

Mientras tanto, el debate promete abrir una discusión más amplia sobre el valor histórico de ciertas normas y sobre los límites entre la modernización legislativa y la preservación de herramientas que, aunque poco utilizadas, forman parte del entramado jurídico e institucional del país.

Si obtiene dictamen favorable este miércoles, la iniciativa quedará en condiciones de ser tratada en el recinto del Senado y convertirse en ley en las próximas semanas.