Indemnizaciones por despido: El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral

El Gobierno nacional avanzó este lunes en la implementación de uno de los aspectos más relevantes de la reforma laboral al reglamentar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a financiar el pago de indemnizaciones por despido mediante fondos especiales constituidos por los empleadores y administrados bajo supervisión estatal.

La medida fue oficializada a través del Decreto 408/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se establecen las condiciones de funcionamiento del sistema, los criterios de administración de los recursos y los procedimientos que deberán seguir tanto las empresas como los organismos encargados de su control.

La iniciativa forma parte de la Ley de Modernización Laboral y busca crear un esquema de previsión financiera que permita a las empresas afrontar eventuales indemnizaciones mediante aportes periódicos destinados a fondos específicos, en lugar de asumir el costo total al momento de producirse una desvinculación laboral.

Según establece la reglamentación, los Fondos de Asistencia Laboral serán instrumentados a través de vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), como fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros. El objetivo es garantizar la separación patrimonial de los recursos, asegurar que tengan una finalidad exclusiva y permitir una supervisión adecuada por parte de los organismos competentes.

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que este esquema permitirá dotar de mayor previsibilidad al sistema laboral y brindar herramientas financieras para afrontar obligaciones indemnizatorias futuras.

El régimen estará dirigido a empleadores del sector privado, con excepción de aquellas relaciones laborales expresamente excluidas por la legislación vigente y de todo el sector público.

Cómo funcionará el sistema

La reglamentación establece que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de recaudar y transferir los aportes al sistema, incorporándolos al circuito habitual de la seguridad social.

Para ello, cada empleador deberá informar un identificador específico denominado “ID FAL”, que permitirá asignar correctamente las contribuciones al fondo correspondiente.

Una vez producido un despido y cumplidos los requisitos establecidos, la entidad administradora deberá efectuar el pago de la indemnización al trabajador dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles desde la presentación de la documentación pertinente.

Asimismo, el decreto determina que los recursos acumulados solo podrán invertirse en instrumentos financieros emitidos y negociados dentro de la República Argentina, una condición orientada a fortalecer el mercado de capitales local y mantener los fondos bajo regulación nacional.

Requisitos para acceder a la cobertura

El acceso pleno al sistema estará condicionado a que los trabajadores se encuentren debidamente registrados y acrediten una antigüedad mínima de 12 meses en los registros laborales correspondientes.

De esta manera, el Gobierno busca evitar maniobras irregulares y garantizar que el beneficio alcance exclusivamente a relaciones laborales formalmente registradas.

No obstante, el nuevo esquema no comenzará a funcionar de manera inmediata. El decreto establece que la entrada en vigencia del régimen fue prorrogada hasta el 1 de noviembre de 2026.

Hasta esa fecha, organismos como la Secretaría de Trabajo, la Comisión Nacional de Valores, ARCA y la Secretaría de Finanzas deberán dictar las normas complementarias necesarias para poner en marcha la operatoria del sistema.

Cambios en los convenios colectivos

La reglamentación también introduce modificaciones relevantes en materia de negociación colectiva.

Uno de los puntos centrales establece criterios para determinar cuándo un convenio colectivo deberá considerarse vencido con el fin de habilitar una nueva negociación entre empleadores y sindicatos.

En aquellos casos donde no exista una fecha de finalización expresa o no se haya fijado un plazo de vigencia determinado, la autoridad laboral podrá tomar como referencia el 31 de diciembre de 2026 para impulsar la renegociación correspondiente.

Además, el decreto modifica el tratamiento de aportes, contribuciones, cuotas y retenciones establecidos en los convenios colectivos. A partir de ahora, esos conceptos deberán analizarse de manera global para verificar el cumplimiento de los límites legales vigentes y no podrán fraccionarse entre distintos conceptos para evitar los topes establecidos por la normativa.

La disposición también determina que los convenios que excedan esos límites deberán ser adecuados a las nuevas reglas y establece que no podrán homologarse ni registrarse acuerdos que incumplan las restricciones fijadas por la ley.

Por otra parte, se aclara que ciertos aportes y contribuciones convencionales únicamente serán obligatorios para aquellas empresas afiliadas a las entidades empresarias o sectoriales correspondientes.

Un cambio estructural en el sistema laboral

La reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral representa uno de los pasos más importantes en la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Sus defensores sostienen que el sistema brindará mayor previsibilidad a las empresas, reducirá litigios y facilitará la planificación financiera de las obligaciones laborales.

Sin embargo, distintos sectores sindicales y especialistas en derecho del trabajo observan con atención su implementación, ya que consideran que podría modificar sustancialmente el esquema tradicional de indemnizaciones vigente en Argentina desde hace décadas.

Con la publicación del decreto, comienza ahora una etapa clave para definir los detalles operativos de un mecanismo que promete convertirse en una de las transformaciones más significativas del mercado laboral argentino en los próximos años.