La pelea por la ley de tierras: Bullrich y Sturzenegger aceleran acuerdos para llevar el proyecto al recinto

El Gobierno busca cerrar filas para avanzar con una de sus iniciativas más discutidas en el Congreso: el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Tras cuatro postergaciones en el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, se reunió con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de consensuar los últimos cambios y garantizar el tratamiento del texto en la próxima sesión.

El proyecto volverá al recinto el miércoles 6 de agosto, luego de que el oficialismo acordara nuevas modificaciones con sus aliados parlamentarios. La reunión entre Bullrich y Sturzenegger buscó acercar posiciones sobre algunos puntos del dictamen, especialmente aquellos vinculados al rol de las provincias en la regulación del uso de la tierra.

Tras el encuentro, Bullrich aseguró que existe consenso para avanzar con la iniciativa y destacó el trabajo realizado junto a gobernadores y senadores de distintos espacios. “Estamos tranquilos y hemos hecho una buena ley, con aporte de todos. Participaron gobernadores, senadores de todas las provincias que están cerca y aportan a una mirada constructiva. Creemos que va a salir”, afirmó.

La titular del bloque libertario sostuvo que el espíritu original del proyecto se mantiene y remarcó que el objetivo es garantizar la propiedad privada sin afectar la soberanía nacional. “La idea original es la misma, que es que un Estado extranjero no pueda comprar un milímetro de tierra argentina. La soberanía está absolutamente resguardada”, señaló.

En esa línea, explicó que la iniciativa busca diferenciar el concepto de propiedad del de soberanía. “Un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos y responsabilidades que un nacional, es decir que puede comprar tierras, un departamento, una fábrica y puede trabajar”, expresó.

Por su parte, durante la reunión con Sturzenegger se analizaron las modificaciones incorporadas al proyecto y los acuerdos alcanzados con los bloques aliados. Según Bullrich, el ministro aceptó los cambios planteados y quedaron despejadas algunas diferencias vinculadas a la participación de las provincias.

“Habíamos sumado a las provincias porque muchas veces tienen proyectos de inversión con trámites burocráticos que necesitan ser entendidos por funcionarios de mayor rango. Esto aumenta la posibilidad de más inversiones en zonas de frontera”, explicó.

Un debate que llega al Senado tras varias postergaciones

El tratamiento del proyecto fue suspendido en cuatro oportunidades en la Cámara alta. La última postergación ocurrió el 16 de julio, cuando el oficialismo solicitó un nuevo cuarto intermedio para continuar negociando modificaciones al texto.

Uno de los puntos que generó diferencias fue la posibilidad de que cada provincia establezca su propio régimen para la venta de tierras. Desde sectores vinculados al Ministerio de Desregulación cuestionaron esa alternativa al considerar que podría generar distintas interpretaciones de la norma, mientras que desde el entorno de Bullrich defendieron la incorporación de una mirada federal.

La iniciativa, impulsada por Sturzenegger, busca modificar el actual régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y propone eliminar el límite del 15% establecido por la Ley N.º 26.737.

Qué cambios plantea el proyecto

Entre los principales puntos del proyecto se encuentra la eliminación de las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. La normativa actual establece un límite del 15% de la superficie rural nacional y un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.

Los impulsores de la reforma sostienen que la medida permitirá atraer inversiones y facilitar proyectos productivos, mientras que sus críticos advierten que podría afectar la capacidad del Estado para proteger áreas consideradas estratégicas por su valor productivo, hídrico o fronterizo.

Además, el proyecto introduce cambios en el régimen de expropiaciones, modifica aspectos vinculados a la utilidad pública y propone nuevas condiciones para la compensación económica. También contempla modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, eliminando restricciones sobre el cambio de uso de tierras afectadas por incendios, un punto que generó cuestionamientos de sectores ambientalistas y opositores.

Con el debate previsto para el 6 de agosto, el oficialismo buscará convertir en ley una iniciativa que se convirtió en uno de los principales focos de discusión dentro del Congreso por su impacto en la propiedad de la tierra, las inversiones y la protección de recursos estratégicos del país.