Anulan condena contra automotrices por la venta de vehículos en Tierra del Fuego

La disputa judicial por el precio de los vehículos cero kilómetro comercializados en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó la condena que pesaba sobre ocho automotrices por la presunta apropiación de beneficios impositivos que, según los consumidores demandantes, debían haberse reflejado en los precios de venta en la provincia.

La decisión dejó sin efecto la sentencia dictada en junio de 2026, que había reconocido el derecho a obtener indemnizaciones para más de 6.000 consumidores que compraron automóviles entre 2001 y 2010. La acción judicial alcanzaba a Volkswagen, Toyota, General Motors, Renault, Ford, Peugeot-Citroën, Honda y FCA.

El fallo de la Cámara se apoyó en varios argumentos jurídicos. Entre ellos, la prescripción de los reclamos, las dificultades para encuadrar las operaciones dentro de una única demanda colectiva y la falta de pruebas suficientes para acreditar que las empresas hubieran fijado precios ilegales o se hubieran apropiado indebidamente de los beneficios fiscales establecidos para Tierra del Fuego.

La prescripción, uno de los argumentos centrales

Uno de los fundamentos principales de la resolución fue que los reclamos indemnizatorios se encontraban prescriptos. Los camaristas consideraron aplicable el plazo de dos años previsto en el antiguo Código Civil, computado desde la compra de cada vehículo.

En ese análisis, el tribunal también descartó que la denuncia presentada en 2008 ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia hubiera interrumpido el plazo de prescripción de las acciones civiles.

Según el criterio de la Cámara, aquella presentación tenía como finalidad investigar posibles prácticas anticompetitivas, pero no perseguía el reconocimiento de indemnizaciones individuales o colectivas para los consumidores afectados.

De esta manera, los jueces distinguieron entre la investigación administrativa sobre el comportamiento comercial de las automotrices y el reclamo judicial destinado a obtener una reparación económica por los precios pagados.

Por qué rechazaron la demanda colectiva

Otro de los aspectos analizados fue la posibilidad de reunir los reclamos de miles de compradores en un único proceso judicial.

La Cámara entendió que las operaciones involucradas presentaban diferencias relevantes en cuanto a marcas, modelos, precios y condiciones comerciales. A su juicio, no se había demostrado una conducta común suficientemente acreditada que justificara tratar todos los casos como parte de una misma acción colectiva.

Ese razonamiento cuestionó uno de los ejes del litigio: la posibilidad de considerar que los consumidores habían sido afectados por una práctica uniforme de las automotrices y que, por lo tanto, correspondía establecer una reparación común.

El tribunal concluyó que las particularidades de cada operación impedían sostener la pretensión colectiva en los términos en que había sido planteada.

Los beneficios de la Ley 19.640 y la discusión por los precios

La resolución también abordó el fondo de la controversia: si las automotrices estaban obligadas a trasladar a los compradores fueguinos los beneficios fiscales vinculados con el régimen de promoción económica de la Ley 19.640.

Los demandantes sostenían que las ventajas impositivas y aduaneras correspondientes a Tierra del Fuego debían traducirse en una reducción de los precios de los vehículos comercializados en la provincia. Sobre esa base, reclamaban una compensación por las diferencias que consideraban indebidas.

Sin embargo, los camaristas señalaron que la normativa establece exenciones impositivas y aduaneras, pero no impone automáticamente la obligación de trasladar la totalidad de esos beneficios al precio final de cada automóvil.

Además, consideraron que no se había acreditado que las empresas hubieran fijado precios ilegales ni que existiera una apropiación indebida de las ventajas fiscales.

En ese contexto, también cuestionaron los cálculos utilizados en primera instancia, que establecían que determinados modelos debían comercializarse en Tierra del Fuego a valores entre un 45% y un 80,5% inferiores a los registrados en el continente.

Para la Cámara, esa interpretación equivalía a imponer precios máximos sin una base legal suficiente.

Un conflicto judicial que comenzó en 2008

La controversia se inició en enero de 2008, cuando se presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por la comercialización de automóviles en Tierra del Fuego.

En 2014, la Secretaría de Comercio impuso multas millonarias a las empresas involucradas por presuntas prácticas anticompetitivas. No obstante, en agosto de 2015, la Cámara Federal anuló esas sanciones al considerar que no existían pruebas suficientes para sostenerlas.

En noviembre de ese mismo año se presentó la demanda civil de los consumidores, que atravesó distintas instancias judiciales hasta quedar radicada en el Juzgado Federal de Río Grande.

El expediente volvió a cobrar relevancia en junio de 2026, cuando se dictó la sentencia que reconocía indemnizaciones a los compradores alcanzados por la acción. Esa decisión fue ahora revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Sin indemnizaciones y con costas para los demandantes

Además de dejar sin efecto las indemnizaciones reconocidas en primera instancia, el tribunal impuso a los demandantes las costas judiciales correspondientes a ambas instancias. No obstante, aclaró que su cobro queda sujeto al beneficio de gratuidad previsto por la legislación de defensa del consumidor.

La resolución representa un cambio sustancial en el desenlace judicial de un reclamo que involucró a miles de compradores y puso bajo discusión la relación entre el régimen fiscal fueguino, los precios de los vehículos y las obligaciones comerciales de las automotrices.

Con la revocación de la condena, quedó sin efecto el reconocimiento indemnizatorio dispuesto en primera instancia. El fallo se apoya tanto en cuestiones procesales —como la prescripción y la procedencia de la acción colectiva— como en la evaluación de las pruebas sobre las supuestas irregularidades en la formación de los precios.

El caso vuelve así a poner en discusión los alcances del régimen de promoción económica de Tierra del Fuego y, especialmente, la diferencia entre contar con beneficios fiscales y tener garantizado que esas ventajas se reflejen íntegramente en el precio que paga el consumidor.