CAME cuestionó la reforma tributaria impulsada por el FMI y reclamó un nuevo pacto fiscal para las provincias

La discusión sobre una nueva reforma tributaria volvió a instalarse en la agenda económica argentina luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) difundiera una serie de recomendaciones orientadas a incrementar la recaudación fiscal. Sin embargo, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) surgieron fuertes cuestionamientos a la propuesta, al considerar que las medidas sugeridas profundizan la presión sobre los sectores productivos y los contribuyentes de menores ingresos.

El documento difundido por el organismo internacional plantea ampliar la base del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría mediante una reducción del piso a partir del cual los trabajadores comienzan a tributar, extender la aplicación del IVA a bienes y servicios actualmente exentos y modificar el régimen del Monotributo elevando sus categorías.

Para CAME, estas iniciativas tienen un rasgo común: trasladan el peso de la recaudación hacia los asalariados, los pequeños contribuyentes y el consumo interno, sin abordar los problemas estructurales que afectan la competitividad de las empresas.

“La reforma tributaria que necesita la Argentina no pasa por aumentar la carga sobre quienes producen, trabajan o consumen, sino por corregir las distorsiones que desalientan la inversión y la generación de empleo formal”, sostuvieron desde la entidad.

El foco puesto en Ingresos Brutos y las tasas municipales

La organización empresaria considera que el verdadero problema del sistema tributario argentino se encuentra en el ámbito subnacional, particularmente en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y en las múltiples tasas municipales que gravan la actividad económica.

Según explicaron, estos tributos pueden representar entre un 2% y un 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de su nivel de rentabilidad. A diferencia del Impuesto a las Ganancias, que grava utilidades efectivas, Ingresos Brutos se aplica en cada etapa de la cadena productiva, generando un efecto acumulativo que encarece costos y reduce márgenes.

A ello se suman las tasas municipales de Seguridad e Higiene, habilitaciones comerciales y otras contribuciones locales que, de acuerdo con CAME, pueden agregar entre un 0,3% y un 1,2% adicional sobre la facturación de las empresas, muchas veces sin una relación clara con los servicios efectivamente prestados.

La situación se vuelve aún más compleja por la diversidad de criterios aplicados por más de 2.300 municipios en todo el país, un escenario que, según la entidad, genera incertidumbre, burocracia y desalienta nuevas inversiones.

El costo oculto de los saldos a favor

Uno de los puntos más cuestionados por CAME es el funcionamiento de los regímenes provinciales de retenciones y percepciones.

La entidad sostiene que las empresas suelen sufrir descuentos anticipados sobre sus operaciones por montos superiores a los que finalmente deberían tributar. Esto provoca la acumulación de saldos a favor que, en teoría, deberían ser compensados o reintegrados por los fiscos provinciales.

Sin embargo, en la práctica, las devoluciones suelen demorar entre uno y tres años y, en un contexto inflacionario, esos recursos pierden gran parte de su valor real antes de ser recuperados.

Desde la organización advierten que este mecanismo termina funcionando como una suerte de financiamiento involuntario de las empresas al Estado, afectando directamente su capital de trabajo y limitando su capacidad de inversión.

La propuesta: un nuevo consenso fiscal

Frente a este escenario, CAME propuso la convocatoria urgente a un Nuevo Consenso Fiscal que involucre al Gobierno nacional, las provincias y los municipios.

La iniciativa apunta a establecer reglas permanentes para armonizar las bases imponibles, los sistemas de retención y percepción, y los mecanismos de devolución en todo el territorio argentino.

Entre los principales cambios sugeridos figura la eliminación del efecto cascada de Ingresos Brutos mediante la concentración del tributo exclusivamente en la etapa final de venta al consumidor, siguiendo una lógica similar a la del IVA.

Según la entidad, esta modificación permitiría mejorar la competitividad del sector productivo sin afectar los recursos fiscales provinciales, al tiempo que reduciría la necesidad de los actuales mecanismos de retención.

Asimismo, plantean fortalecer el rol de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral para coordinar la administración tributaria entre las distintas jurisdicciones, supervisar los coeficientes de distribución y garantizar plazos razonables para la devolución de saldos a favor.

Un debate abierto sobre el rumbo fiscal

En el tramo final de su análisis, CAME advirtió que incrementar la presión sobre los salarios y el consumo no contribuirá a generar empleo ni a reducir la informalidad. Por el contrario, sostuvo que una mayor carga tributaria sobre los trabajadores podría debilitar la demanda interna, afectar las ventas de las empresas y profundizar las dificultades de la economía real.

Mientras el Gobierno nacional busca avanzar en un esquema de equilibrio fiscal y el FMI insiste en ampliar la recaudación, el debate sobre qué impuestos deben reformarse y quién debe asumir el costo de esa transformación vuelve a instalarse en el centro de la discusión económica argentina.