Denuncian Penalmente a las Autoridades de la Obra Social del Estado Fueguino
La Fiscalía de Estado de la provincia mediante el dictamen de 3/26 expone presuntos incumplimientos de deberes, demoras injustificadas en el cobro de deudas millonarias y posibles delitos contra la administración pública en medio de una crisis que afectó prestaciones esenciales de salud.
Ushuaia: La crisis que desde hace meses golpea a afiliados de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) dio un giro institucional de alto impacto. La Fiscalía de Estado resolvió presentar una denuncia penal contra las máximas autoridades del organismo, tras una investigación iniciada por múltiples reclamos de beneficiarios que denunciaron falta de cobertura, interrupción de tratamientos y ausencia de respuestas formales.
El dictamen 3/26, emitido el jueves 12, se detallan presuntos incumplimientos funcionales y la posible comisión de delitos contra la administración pública.
Reclamos por prestaciones suspendidas
Las actuaciones comenzaron a partir de presentaciones de afiliados que describieron situaciones de extrema gravedad: interrupciones en tratamientos psiquiátricos, neurológicos y cardiológicos; dificultades para acceder a medicación oncológica; demoras en la provisión de prótesis; y suspensión de servicios en clínicas y farmacias.
En la provincia de Córdoba, además, beneficiarios denunciaron la caída del convenio de reciprocidad con APROSS, lo que dejó sin cobertura a jubilados y estudiantes fueguinos radicados allí.
Según el dictamen, la respuesta institucional fue tardía, parcial o directamente inexistente. La Fiscalía debió enviar al menos siete notas formales —algunas bajo apercibimiento penal— antes de obtener un descargo incompleto. Trámites calificados como “urgentes” se extendieron por más de cinco meses, en abierta contradicción con los plazos administrativos vigentes.
Deudas millonarias y falta de acciones judiciales
En paralelo, el organismo de control analizó la presunta falta de remisión de aportes por parte del Gobierno provincial y de los municipios de Río Grande y Tolhuin. La documentación incorporada confirmó deudas certificadas por más de 2.600 millones de pesos correspondientes a los municipios, respaldadas por títulos ejecutivos que habilitaban el inicio inmediato de acciones judiciales.
Respecto del Poder Ejecutivo provincial, se reconoció una deuda de 163 millones de pesos al mes de diciembre de 2025 por mora en contribuciones de octubre. Sin embargo, la propia OSEF admitió no poder determinar con precisión el saldo pendiente debido a deficiencias en la registración e imputación contable de fondos. Para la Fiscalía, esa situación constituye una grave falencia de gestión y control interno.
Lo que el dictamen considera más relevante es que, pese a contar con títulos ejecutivos firmes y exigibles, las autoridades del ente autárquico no habrían promovido —o habrían demorado indebidamente— las acciones judiciales para el cobro de acreencias millonarias. Esa inacción resulta particularmente significativa en un contexto en el que el propio servicio jurídico de la obra social habló de un “quiebre estructural en la cadena de pagos” y de una “afectación directa al derecho a la salud”.
Sospechas sobre la gestión y los controles
El pronunciamiento introduce un elemento de especial gravedad: la sospecha de que la crisis financiera no sería únicamente consecuencia de incumplimientos externos, sino que pudo haberse profundizado por la propia inacción de las autoridades.
La demora en iniciar acciones de cobro, sumada al uso reiterado de mecanismos excepcionales de contratación bajo invocación de urgencia, podría haber configurado —según se desprende del dictamen— un escenario de asfixia financiera funcional a la elusión de controles.
Informes de Auditoría Interna advirtieron que procedimientos que debían resolverse en menos de dos semanas se extendieron por más de cinco meses antes de ingresar a fiscalización. También se señaló una posible vulneración de la Ley Provincial de Compras y Contrataciones, que exige transparencia y concurrencia en los procesos de adquisición. Proveedores de insumos médicos, en tanto, habrían suspendido la cuenta corriente por facturas impagas, obligando a realizar pagos anticipados en condiciones menos favorables para el erario.
Posibles delitos y notificaciones institucionales
Para la Fiscalía, la omisión de promover acciones judiciales frente a deudas millonarias, en un escenario donde se reconocía una crisis que impactaba en prestaciones esenciales, podría encuadrar en figuras como incumplimiento de deberes de funcionario público, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y omisión de denuncia.
La resolución ordena radicar la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y notificar al Gobernador, a la Legislatura Provincial y al Tribunal de Cuentas.
El dictamen concluye con una advertencia que remite a antecedentes históricos: no sería la primera vez que la obra social provincial atraviesa una crisis estructural similar, recordando situaciones registradas en el antiguo ISST y en el ex IPAUSS. Una referencia que no sólo apela a la memoria institucional, sino que proyecta una pregunta inevitable: si los errores del pasado no fueron suficientes para evitar que la historia vuelva a repetirse.
