Diputados aprobó la Ley de Discapacidad y el proyecto pasó al Senado

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, en una sesión que estuvo marcada por un extenso debate y negociaciones entre el oficialismo, los bloques aliados y sectores de la oposición. La iniciativa cosechó 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, y ahora deberá continuar su tratamiento en el Senado.

El resultado reflejó un amplio respaldo parlamentario, con la excepción de un sector de legisladores cordobeses que votó en contra y la abstención del Frente de Izquierda, según el detalle informado. Durante las negociaciones previas a la votación, La Libertad Avanza aceptó incorporar modificaciones reclamadas por distintos bloques, vinculadas con la continuidad de las pensiones, el acceso al sistema de salud y el pago de las prestaciones adeudadas.

Uno de los puntos centrales establece expresamente la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal, bajo las condiciones previstas en el proyecto. También contempla la posibilidad de que esa prestación coexista con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

La discusión puso sobre la mesa una cuestión central para las personas con discapacidad y sus familias: cómo garantizar ingresos, atención médica y continuidad de los tratamientos sin que el acceso al trabajo formal implique perder automáticamente una prestación económica.

Pensiones, empleo y cobertura médica

Entre los cambios incorporados, el texto ratifica la compatibilidad de la pensión no contributiva por discapacidad con una actividad laboral cuyos ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La iniciativa también establece una pensión inembargable para las personas mayores de 70 años que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y no estén incluidas en un régimen previsional. El monto previsto será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

En materia sanitaria, el proyecto garantiza la continuidad del plan de prestaciones médicas a través de Incluir Salud o del organismo que eventualmente lo reemplace. La disposición busca asegurar la cobertura para las personas alcanzadas por el sistema.

Otro aspecto incorporado durante las negociaciones es la inclusión de partidas presupuestarias dentro de la propia ley, con la posibilidad de habilitar el uso de la Jurisdicción 91 contemplada en el proyecto de Presupuesto 2027.

Deudas con prestadores y plazos de pago

La situación de los prestadores de servicios para personas con discapacidad también formó parte de las modificaciones introducidas al dictamen.

A pedido de los bloques aliados y de sectores de la oposición dialoguista, se incorporó un cronograma de pagos para las deudas pendientes. Según el texto informado, el esquema deberá darse a conocer dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley y contempla el compromiso de no superar los 90 días desde su entrada en vigencia para cumplir con las obligaciones previstas.

El punto resulta relevante para instituciones, profesionales y organizaciones que brindan prestaciones, cuya actividad depende de la regularidad de los pagos para sostener equipos de trabajo, tratamientos y servicios.

No obstante, el cumplimiento de esos plazos y la disponibilidad efectiva de los recursos serán aspectos centrales para evaluar el alcance concreto de la norma en caso de que complete su trámite legislativo.

Auditorías y seguimiento de las políticas públicas

El proyecto también establece mecanismos de control sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral y discapacidad. Se prevén auditorías periódicas para verificar que las personas beneficiarias mantengan los requisitos exigidos por la normativa.

En ese marco, la Secretaría de Discapacidad quedaría habilitada para suspender prestaciones cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones establecidas. La aplicación de estos controles será uno de los aspectos que requerirá especial atención para evitar que los procedimientos administrativos afecten derechos de manera indebida.

Por otra parte, el Ministerio de Salud deberá publicar información estadística sobre las partidas presupuestarias y su ejecución, los valores vigentes de los aranceles del sistema de prestaciones básicas y la cantidad y los montos de las pensiones por invalidez laboral y discapacidad.

La cartera sanitaria, a través de la Secretaría de Discapacidad y del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), también tendrá a su cargo el seguimiento de las políticas públicas en la materia.

A pedido de los bloques aliados, se sumó además la obligación de implementar capacitaciones para promover una atención no discriminatoria, respetuosa, accesible y sensible a las necesidades de las personas con discapacidad, con reconocimiento de su autonomía y consideración de las funciones de cada trabajador.

El Senado tendrá la última palabra

Con la aprobación de Diputados, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia la Cámara alta, donde deberá continuar el trámite parlamentario para convertirse en ley.

El texto reúne disposiciones sobre ingresos, empleo, prestaciones médicas, deudas con prestadores, controles y transparencia presupuestaria. Su alcance efectivo dependerá de la aprobación definitiva y de la implementación de las medidas previstas.

La votación dejó en evidencia el respaldo mayoritario que consiguió la iniciativa en la Cámara baja, pero también abrió una etapa en la que será clave observar cómo se traducen las disposiciones en garantías concretas para las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que sostienen el sistema de atención.