El Gobierno defendió el veto a la ley de coparticipación y advirtió sobre riesgos financieros para la Provincia

Ushuaia: El Gobierno de Tierra del Fuego salió a respaldar el veto a la ley que proponía implementar un sistema automático de transferencia diaria de fondos coparticipables a los municipios, al considerar que la medida representa un riesgo para el equilibrio financiero y operativo del Estado provincial.

El ministro de Economía, Alejandro Barrozo, aseguró que la norma sancionada por la Legislatura “es inviable desde todo punto de vista y pone en peligro la prestación de servicios básicos del Estado”.

“No solo es imposible de cumplir desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista administrativo y operativo no se puede saber diariamente qué fondos de los enviados por Nación habría que enviar a los municipios”, afirmó el funcionario.

Barrozo remarcó además que la decisión del Ejecutivo “no es en contra de los municipios”, sino que responde a limitaciones institucionales, financieras y operativas que, según indicó, históricamente ya demostraron la imposibilidad de aplicar un esquema de esas características en la provincia.

En los fundamentos del veto, el Ejecutivo aclaró que no se encuentra en discusión la coparticipación municipal ni los recursos que corresponden a cada ciudad, sino la implementación de un mecanismo “rígido y automático” que, de acuerdo a los informes técnicos elaborados por distintos organismos, resultaría impracticable sin afectar seriamente la administración financiera provincial.

En ese sentido, tanto la Contaduría General como el Ministerio de Economía y los servicios jurídicos del Gobierno coincidieron en advertir sobre la falta de viabilidad técnica y operativa del sistema aprobado.

Particularmente, la Contaduría General sostuvo que una transferencia automática diaria, sin contemplar los procesos de control, registración y determinación definitiva de los fondos coparticipables, podría derivar en transferencias indebidas y comprometer recursos que cuentan con asignaciones específicas establecidas por ley.

Desde el Ejecutivo también remarcaron que la Provincia administra fondos destinados al sostenimiento de áreas esenciales como salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios públicos, por lo que un mecanismo compulsivo y sin margen de flexibilidad financiera podría afectar seriamente la capacidad operativa del Estado, especialmente en el actual contexto económico.

Los argumentos del veto advierten además que un sistema de “goteo diario” podría impedir que la Provincia disponga de recursos suficientes para atender situaciones de emergencia, afectando derechos fundamentales de la población e incluso escenarios críticos vinculados a la protección de la vida.

Otro de los puntos planteados por el Gobierno es que la ley vetada avanzaría sobre facultades propias del Poder Ejecutivo y alteraría el funcionamiento constitucional de la administración financiera provincial, al imponer automatismos que —según sostienen— desconocen los mecanismos técnicos de control previstos tanto en la Constitución Provincial como en la normativa vigente.

Finalmente, el documento oficial concluye que el veto constituye una “decisión de responsabilidad política e institucional” destinada a preservar el equilibrio financiero de la Provincia y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.