Comienza un juicio por presuntas maniobras con viviendas sociales y lavado de activos en Ushuaia
Tres hombres serán juzgados desde el próximo lunes por supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas del barrio Barrancas del Río Pipo. El debate oral incluirá acusaciones por defraudación y lavado de activos, con cerca de 90 testigos convocados y un fuerte operativo de seguridad en Tribunales.
Ushuaia: El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur iniciará el este lunes 18 de mayo, a partir de las 9 horas, un juicio oral y público que pondrá bajo análisis una compleja investigación por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas con la comercialización irregular de viviendas sociales destinadas a afiliados de ATE en la ciudad de Ushuaia.
La causa involucra a tres hombres entre ellos al dirigente de ATE seccional Ushuaia Carlos Cordoba. Dos de ellos llegarán al debate acusados de 22 hechos de supuestas maniobras defraudatorias relacionadas con el programa de 128 viviendas ubicado en el sector de Barrancas del Río Pipo.
De acuerdo con la acusación judicial, los imputados habrían ofrecido lugares o soluciones habitacionales a personas que no cumplían con los requisitos establecidos para acceder al beneficio, entre ellas empleados estatales y afiliados gremiales. A cambio, según la investigación, habrían recibido dinero, vehículos, cheques y otros bienes.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que las maniobras se concretaban mediante el aprovechamiento de funciones gremiales, gestiones ante organismos públicos y la presentación de listados de postulantes que presuntamente no correspondían al universo legítimo de beneficiarios de las viviendas sociales.
En paralelo, el tercer imputado será juzgado por presuntas maniobras de lavado de activos. Según la acusación, habría participado en operaciones vinculadas con maquinaria vial, cheques y contratos que buscaban otorgar apariencia lícita al origen de fondos y bienes que tendrían relación con los hechos investigados.
El Tribunal estará presidido por el Dr. Alejandro Pagano Zavalía, acompañado por los jueces Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.
La representación del Ministerio Público Fiscal estará a cargo del Dr. Daniel Curtale.
En tanto, la defensa de los imputados será ejercida por el defensor público José María Fernández López junto a la Dra. Marisel Banegas y el Dr. Rodrigo Guidi.
También participará como querellante Daniela Soledad Tapponier, patrocinada por el abogado Enrique Hernández Arriagada, mientras que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) intervendrá mediante su equipo jurídico.
Para el desarrollo del juicio está prevista la convocatoria de alrededor de 90 testigos, aunque la cifra definitiva aún debe confirmarse.
Ante la posibilidad de que trabajadores de ATE acompañen a los dirigentes involucrados durante las audiencias, el Poder Judicial dispuso un amplio operativo de seguridad en el edificio de Tribunales ubicado sobre Congreso Nacional 502.
Las medidas alcanzarán tanto al personal judicial como a las personas que concurran al lugar. Durante las jornadas del debate estará restringido el tránsito vehicular y la circulación en las calles aledañas: 8 de Noviembre, Isla San Pedro, Manuel Garea y Congreso Nacional.
Además, quienes deban asistir al edificio judicial no podrán utilizar los espacios de estacionamiento comprendidos dentro del perímetro afectado por el operativo, cuyo control estará a cargo de efectivos de la Policía Provincial.
El juicio promete convertirse en uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en la provincia, no solo por la magnitud de las acusaciones sino también por el impacto político, social e institucional que rodea a la causa.