El Senado aprobó la reforma laboral y abrió un nuevo frente político y judicial
Con 42 votos afirmativos, el oficialismo logró convertir en ley el proyecto impulsado por el Gobierno. La oposición denunció “flexibilización” y anticipó judicialización, mientras el oficialismo defendió la norma como una herramienta para generar empleo y previsibilidad.
En una sesión atravesada por discursos encendidos y acusaciones cruzadas, el Senado de la Nación Argentina convirtió en ley la reforma laboral promovida por el Gobierno. La votación cerró con 42 votos a favor, 22 en contra y dos abstenciones, un resultado que reflejó el respaldo de fuerzas aliadas al oficialismo y consolidó una de las iniciativas más debatidas del año.
El tratamiento comenzó luego de que la Cámara alta sancionara la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, en una jornada extensa que acumuló tensión política. Esta vez, el eje fue la denominada “modernización” laboral, una etiqueta que para el oficialismo implica actualización normativa y, para la oposición, un retroceso en derechos adquiridos.
El oficialismo: “Previsibilidad y empleo”
Desde el bloque de La Libertad Avanza, el senador chaqueño Juan Cruz Godoy defendió la iniciativa como el resultado de “un profundo proceso democrático de debate y negociación”. Argumentó que la ley redefine conceptos salariales para reducir la litigiosidad y crea el Fondo de Asistencia Laboral como herramienta ante eventuales despidos.
También destacó incentivos para pequeñas y medianas empresas, subrayando que más del 70% del empleo proviene de ese sector. En ese marco, mencionó el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) y el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones) como instrumentos complementarios para atraer capital y dinamizar el mercado laboral.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, celebró el resultado. Tras semanas de negociaciones con sectores dialoguistas, defendió la reforma como una corrección a lo que calificó como una “estafa moral” de gestiones anteriores que —según afirmó— empujaron trabajadores a la informalidad en nombre de su protección.
Desde el PRO, la pampeana Victoria Huala sostuvo que apoyar la ley “no es respaldar a grandes empresas”, sino a las pymes y al “empleo real”. En la misma línea, Andrea Cristina instó a actualizar la legislación para que el país sea “competitivo y previsible”.
La oposición: “Precarización y conflicto judicial”
Del otro lado del recinto, el rechazo fue frontal. El senador Mariano Recalde advirtió que la norma “prácticamente está igual” a la versión original y la calificó como una “ley monstruosa” por la cantidad de leyes que modifica y por su contenido. Cuestionó además el tratamiento “exprés” y anticipó que la norma será judicializada.
Para Recalde, la reforma “conspira contra la seguridad jurídica” que el propio Gobierno dice buscar, al plantear disposiciones que —según sostuvo— podrían vulnerar la Constitución y aumentar la litigiosidad.
El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, fue aún más contundente: definió la iniciativa como “una ley gorila” y aseguró que “nació mal y termina mal”. Señaló que el Fondo de Asistencia Laboral vulnera el artículo 14 bis de la Constitución y auguró un escenario de conflicto judicial.
Otros legisladores justicialistas, como Jorge Capitanich, Marcelo Lewandowski y Daniel Bensusán, coincidieron en que la norma impactará negativamente en el empleo, precarizará condiciones laborales y deteriorará salarios. La senadora Ana Marks la describió como “esclavista y flexibilizadora”, mientras que Cristina López anticipó su voto “en defensa de cada trabajador fueguino”.
Cambios y puntos sensibles
Entre los aspectos más discutidos estuvieron la regulación de indemnizaciones, la creación del Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de tutelas sindicales y la limitación del derecho a huelga. También se confirmó la eliminación del artículo 44, que reducía hasta un 50% el salario de trabajadores con licencias por accidentes o enfermedades graves, modificación introducida previamente en la Cámara de Diputados.
Con la sanción definitiva, el Gobierno celebra una victoria legislativa clave. Sin embargo, el escenario que se abre promete nuevos capítulos: gremios y sindicatos evalúan medidas de fuerza y distintos bloques opositores anticipan presentaciones judiciales.
La ley ya es un hecho. Ahora comienza la disputa por su implementación y por su interpretación en los tribunales, donde se definirá si la “modernización” proclamada por el oficialismo se traduce en más empleo o en un nuevo foco de conflicto social.