El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad y estableció un régimen permanente de prestaciones
La Cámara alta convirtió en ley la iniciativa denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. La normativa garantiza la continuidad de las pensiones no contributivas, permite compatibilizarlas con el empleo formal bajo determinadas condiciones y establece mecanismos de financiamiento, actualización de aranceles y regularización de deudas con prestadores.

El Senado de la Nación aprobó este jueves 19 de noviembre, por unanimidad, la nueva Ley de Discapacidad, una iniciativa que busca garantizar la continuidad de las prestaciones y establecer un marco permanente de protección para las personas con discapacidad, más allá de la vigencia de la emergencia que rige actualmente y que tiene como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2026.
La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, transforma en un régimen permanente las disposiciones contempladas en la Ley 27.793 y establece nuevas herramientas para sostener el funcionamiento del sistema, garantizar las prestaciones y atender las obligaciones financieras con los distintos sectores involucrados.
Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto se mantiene equivalente al 70% de la jubilación mínima. Además, establece la posibilidad de compatibilizar ese beneficio con el desarrollo de una actividad laboral formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos de los beneficiarios no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
De esta manera, la legislación busca evitar que el acceso al trabajo registrado implique automáticamente la pérdida de la pensión, incorporando un esquema que permita compatibilizar la asistencia estatal con la inserción laboral.
Financiamiento, prestaciones y deudas pendientes
Otro de los ejes de la ley está vinculado con la sostenibilidad económica del sistema. El texto contempla mecanismos de financiamiento destinados a garantizar la continuidad de las prestaciones y establece herramientas para la actualización de los aranceles que perciben los prestadores de servicios para personas con discapacidad.
En relación con las obligaciones pendientes, la normativa establece que el Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma para regularizar las deudas acumuladas con los prestadores, fijando plazos específicos para avanzar en el cumplimiento de esos compromisos.
Asimismo, se incorporan mecanismos de auditoría y control periódico sobre las pensiones, mediante el intercambio de información entre organismos públicos. Estos procedimientos deberán contemplar instancias de notificación y revisión para garantizar que los controles se desarrollen dentro de los mecanismos establecidos por la legislación.
La nueva normativa también garantiza la continuidad de la cobertura médica a través del programa Incluir Salud, uno de los instrumentos fundamentales para asegurar el acceso a prestaciones sanitarias de las personas con discapacidad que se encuentran dentro de su sistema de cobertura.
Un nuevo marco permanente
La aprobación del Senado representa el paso definitivo de un proyecto que ya había obtenido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados, donde consiguió 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones.
Con la sanción de este jueves, el Congreso avanzó en la transformación de la emergencia en discapacidad en un régimen permanente, con el propósito de brindar previsibilidad a los beneficiarios, sus familias y las instituciones que integran el sistema de atención.
A partir de ahora, el Poder Ejecutivo deberá avanzar con la reglamentación de la ley y establecer los mecanismos necesarios para su implementación.
La decisión parlamentaria adquiere especial relevancia para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios, en un escenario en el que la continuidad de las pensiones, las coberturas médicas y el financiamiento de las prestaciones constituyen demandas centrales para garantizar derechos y evitar interrupciones en la atención.