En medio de la crisis, el Gobierno busca aumentar la presión impositiva sobre Tierra del Fuego
Mientras las familias fueguinas enfrentan una economía marcada por la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de los costos y las dificultades para sostener el consumo, el proyecto de Presupuesto 2027 del Ejecutivo provincial incorpora una reforma tributaria que eleva la carga sobre distintas actividades. La iniciativa ya genera resistencia en la Legislatura y preocupación entre comerciantes y empresarios, que reclaman revisar el gasto público antes de pedir un nuevo esfuerzo al sector privado.
En una provincia donde el bolsillo de las familias viene soportando el impacto de la inflación, cierre de negocios, la caída del consumo y el encarecimiento de los servicios y productos básicos, el Gobierno provincial decidió poner sobre la mesa una nueva discusión: aumentar la presión impositiva para incrementar los recursos del Estado.
La propuesta está incorporada al proyecto de Presupuesto 2027, presentado por el Ejecutivo a fines de agosto, y contempla modificaciones en las alícuotas aplicables a distintas actividades, cambios en el Impuesto de Sellos y la suspensión durante el próximo año de los beneficios que actualmente reciben los contribuyentes cumplidores.
En términos concretos, la iniciativa plantea que quienes hoy cuentan con reducciones del 15% o del 8% en Ingresos Brutos pasen temporalmente a pagar el 100% del impuesto determinado. El planteo aparece en un contexto económico especialmente complejo. Para sus críticos, la pregunta no es solamente cuánto necesita recaudar el Estado, sino quién terminará pagando el costo de esa mayor recaudación.
La discusión comenzó a generar resistencia en distintos bloques de la Legislatura y también entre representantes del comercio y el turismo, que coinciden en advertir que trasladar una mayor carga tributaria a empresas y consumidores puede profundizar las dificultades que ya enfrenta la actividad económica.
Más impuestos en una economía que ya está ajustada
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la decisión de buscar mayores ingresos mediante nuevos impuestos o incrementos de alícuotas sin que, previamente, se discuta con la misma intensidad el nivel y el destino del gasto provincial.
Desde sectores de la oposición legislativa se anticipó que no acompañarán lo que calificaron como un “impuestazo” y reclamaron que el Ejecutivo revise primero sus cuentas antes de trasladar mayores costos al sector privado.
El argumento se sostiene también sobre la situación financiera de la Provincia. Las objeciones planteadas en la Legislatura apuntan a las proyecciones incluidas en el Presupuesto y a las dificultades que atraviesan distintos proveedores del Estado para percibir los pagos correspondientes.
La discusión, de esta manera, excede la cuestión tributaria y vuelve a colocar en el centro del debate el tamaño del gasto público, sus prioridades y la forma en que el Estado pretende financiarse.
El impacto sobre el comercio
El sector comercial también encendió una señal de alerta. Desde las cámaras empresarias se advirtió que los comerciantes no cuentan con margen suficiente para absorber nuevos aumentos de impuestos en un escenario en el que el consumo ya presenta dificultades.
Uno de los principales focos de preocupación está puesto en Ingresos Brutos, un impuesto que impacta directamente sobre la actividad económica y que, según los cuestionamientos planteados, puede terminar incorporándose a la estructura de costos de las empresas.
El razonamiento del sector privado es que una mayor presión tributaria puede tener un efecto que exceda la recaudación buscada: menor rentabilidad, postergación de inversiones, dificultades para sostener puestos de trabajo y, eventualmente, traslado de parte de los mayores costos a los precios.
Desde el empresariado se reclamó, por eso, que antes de aumentar impuestos se discuta una revisión integral del gasto provincial.
La advertencia apunta a una cuestión central: si las empresas ya tienen dificultades para sostener sus niveles de actividad, aumentar sus costos fiscales puede terminar reduciendo todavía más el margen disponible para invertir, contratar o sostener estructuras comerciales.
Un aumento que también alcanza al turismo
El sector turístico sumó otra advertencia a la discusión. La reforma proyectada contempla, según lo señalado por representantes de la actividad, un fuerte incremento de la alícuota de Ingresos Brutos para las agencias de turismo, que pasaría del 2% al 8%.
De concretarse, se trataría de cuadruplicar la tasa vigente para esa actividad.
Desde el sector turístico se sostiene que las empresas no cuentan con capacidad para absorber semejante incremento sin que tenga consecuencias sobre sus costos y precios.
Pero el problema planteado no se limita a las agencias.
El turismo funciona como una cadena en la que intervienen hoteles, alojamientos, restaurantes, transportistas, guías, excursiones y numerosos prestadores. Por eso, una modificación tributaria en uno de los eslabones puede terminar acumulándose a lo largo de toda la estructura de costos.
La preocupación expresada por el sector es que ese proceso termine afectando la competitividad de Tierra del Fuego frente a otros destinos. “Estamos yendo a contramano del mundo”, fue una de las expresiones utilizadas para describir el escenario.
La discusión por los números del Presupuesto
A la discusión tributaria se suma otro elemento que podría modificar el escenario: las diferencias entre las proyecciones de recursos utilizadas por el Ejecutivo provincial y las estimaciones posteriormente incorporadas al Presupuesto nacional.
Desde la Comisión de Presupuesto de la Legislatura se señaló que Nación proyectaría para Tierra del Fuego ingresos por coparticipación aproximadamente 30% superiores a los contemplados originalmente por el Gobierno provincial.
La diferencia podría representar, según esas estimaciones, alrededor de $150 mil millones adicionales para las arcas provinciales.
Si esos números se confirman, sostienen desde la Legislatura, debería revisarse la necesidad de avanzar tanto con la reforma tributaria como con la autorización para tomar nueva deuda.
El debate de fondo
La discusión recién comienza y el proyecto todavía debe tomar estado parlamentario para avanzar formalmente en las comisiones. Sin embargo, la resistencia ya instalada anticipa un debate que podría ser uno de los principales ejes del tratamiento del Presupuesto 2027.
De un lado aparece la necesidad del Estado de garantizar recursos para sostener sus políticas y obligaciones. Del otro, una economía privada que reclama no seguir soportando mayores cargas en un momento en que el consumo, la inversión y la rentabilidad se encuentran bajo presión.
En el medio quedan las familias fueguinas, que finalmente pueden terminar absorbiendo parte del impacto de cualquier incremento tributario a través de los precios.
La pregunta que atraviesa el debate es, entonces, si la salida frente a las dificultades financieras de la Provincia debe pasar nuevamente por aumentar la presión sobre quienes producen, comercian y consumen, o si antes corresponde revisar las prioridades y el nivel del gasto estatal.
El tratamiento legislativo del Presupuesto 2027 será el escenario donde esas dos miradas deberán confrontar con números concretos. Y en una economía que ya viene ajustada, cualquier nuevo impuesto no es solamente una cifra en una planilla: puede convertirse en un costo más para empresas, trabajadores y familias.
Nota de Redacción: CorreoDiario