Lapadula pidió reconstruir la operatoria del VS Promise: “Queremos saber si se cumple la ley

El paso del VS Promise, el buque petrolero de bandera británica que operó en la monoboya de Río Cullen y posteriormente ingresó al Puerto de Ushuaia, continúa abriendo interrogantes en Tierra del Fuego. Esta vez, el legislador provincial Matías Lapadula presentó pedidos de informes dirigidos tanto al Gobierno fueguino como a la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, con el objetivo de reconstruir toda la operatoria y determinar si se cumplieron los procedimientos y controles establecidos por la normativa vigente.

Las preguntas apuntan a conocer qué actividad desarrolló la embarcación en la monoboya de Cullen, a quién pertenecía el petróleo cargado, cuál fue el destino final del crudo y qué verificaciones realizaron los organismos públicos antes de permitir la operación.

“Más allá de esa indignación tenemos un rol que cumplir y es importante pedir todas las explicaciones del caso y saber cuáles fueron las circunstancias, qué hacía ese buque tanto en la monoboya de Cullen como en el Puerto de Ushuaia”, sostuvo Lapadula.

La bandera no es el único punto bajo análisis

Para el legislador, el eje de la investigación no pasa exclusivamente por el hecho de que el VS Promise navegue bajo pabellón británico.

Según explicó, esa condición, por sí sola, no determina automáticamente que el buque tenga prohibido operar en territorio argentino. Por eso consideró indispensable profundizar sobre otros aspectos de la embarcación y su actividad.

Entre ellos, pretende establecer quién es su propietario, cuáles son sus antecedentes comerciales y si mantiene vínculos con compañías involucradas en la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

“Lo que queremos saber es si se cumple la ley. Queremos saber de quién es el propietario, qué operación vino a hacer en la provincia y si tiene relación o no con alguna de las empresas que operan en Malvinas”, señaló.

La investigación introduce así una dimensión que va más allá del ingreso de un buque a un puerto: la trazabilidad de los recursos naturales producidos en Tierra del Fuego y el control sobre su circuito comercial.

¿De quién era el petróleo y cuál fue su destino?

Uno de los principales interrogantes planteados por Lapadula está vinculado con el origen y el destino del crudo movilizado en Río Cullen.

Determinar a quién pertenecía el petróleo transportado por el VS Promise y conocer cuál fue su destino posterior permitiría reconstruir el recorrido comercial de la operación y establecer si los mecanismos de control existentes resultan suficientes.

El legislador busca, especialmente, descartar cualquier posibilidad de que hidrocarburos extraídos en territorio fueguino puedan beneficiar, de manera directa o indirecta, intereses económicos relacionados con la explotación británica de recursos en el Atlántico Sur.

En ese sentido, cuestionó además el intercambio de responsabilidades que se produjo entre distintos organismos nacionales y provinciales luego de que el caso tomara estado público.

“No me interesa que uno diga que lo autorizó el Gobierno y el otro que lo autorizó el puerto. Hay un hecho concreto. Un buque petrolero de bandera inglesa operó de una forma u otra en la monoboya de Cullen y atracó en el Puerto de Ushuaia. Hay responsabilidades y necesitamos saber si se cumplieron todos los procedimientos”, expresó.

Las explicaciones que deberá dar el Puerto de Ushuaia

Uno de los pedidos de informes está dirigido específicamente a la intervención nacional del Puerto de Ushuaia.

Lapadula consideró que la administración portuaria deberá informar qué documentación examinó antes de permitir el ingreso de la embarcación y si verificó que el buque, sus propietarios y las empresas vinculadas con su actividad no estuvieran alcanzados por restricciones relacionadas con la explotación ilegal de recursos en Malvinas.

A criterio del legislador, la discusión no debe limitarse a determinar qué organismo firmó cada autorización.

“Lo que debiera contestar es que analizaron la documentación y constataron que no estaba inhabilitado para operar en Argentina según la ley vigente. Eso es lo que necesitamos, que den explicaciones concretas”, afirmó.

Hacia controles más amplios sobre los recursos fueguinos

El legislador también consideró que el episodio debería abrir una discusión más profunda sobre la capacidad del Estado para controlar el recorrido comercial de los hidrocarburos producidos en Tierra del Fuego.

En ese marco, mencionó la Ley Nacional 26.659 y la normativa provincial conocida como Ley Gaucho Rivero, aunque planteó la necesidad de avanzar hacia instrumentos más amplios.

La propuesta apunta a que las restricciones no se limiten únicamente a las empresas que desarrollan directamente actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, sino que puedan alcanzar también a sociedades, grupos económicos o capitales que participen, de manera directa o indirecta, de esos negocios.

“Hoy estamos ante un hecho concreto de exploración y de saqueo de nuestros recursos. Me parece que tenemos que empezar a pensar cómo tomamos otras medidas para impedirlo. Hay que trabajar en una ley mucho más abarcativa que sancione a todas las empresas que participen directa o indirectamente”, planteó.

Para Lapadula, el carácter no renovable del petróleo obliga a profundizar las herramientas de fiscalización y protección de los recursos naturales.

El desafío, sostuvo, no consiste solamente en reaccionar ante la llegada de una determinada embarcación, sino en establecer mecanismos permanentes que permitan conocer quién transporta los hidrocarburos producidos en Tierra del Fuego, quién los comercializa y cuál es su destino final.

De esta manera, los pedidos de informes vinculados al VS Promise buscan esclarecer una operación concreta, pero también instalar un debate de mayor alcance sobre la soberanía y el control de los recursos fueguinos.

“No es cuestión de echar culpas. Hay que establecer cuáles fueron las circunstancias, que se informe cada uno de los pormenores de esta operación y, a partir de ahí, crear herramientas para evitar que sigan pasándonos por arriba en términos de soberanía”, concluyó Lapadula.