Presupuesto 2027: déficit, congelamiento de vacantes y más presión tributaria en un año bajo control de caja

El Presupuesto 2027 ya llegó a la Legislatura y detrás de las cifras millonarias que ordenan el funcionamiento del Estado provincial aparece un dato que atraviesa todo el proyecto: la fuerte restricción financiera con la que el Gobierno de Tierra del Fuego proyecta atravesar el próximo año.

La administración del gobernador Gustavo Melella calculó gastos por $2,743 billones y recursos por $2,605 billones, una diferencia que arroja un déficit financiero proyectado de $137.955,8 millones, equivalente a cerca del 5% de las erogaciones previstas para el ejercicio.

Pero el rojo financiero no es el único indicador de las dificultades. El resultado económico también aparece en terreno negativo: -$54.651 millones. En términos concretos, esto significa que los ingresos corrientes previstos tampoco alcanzan para cubrir completamente los gastos corrientes del Estado.

Para cerrar la brecha, el proyecto contempla $276.953,7 millones de fuentes financieras y $138.997,9 millones de aplicaciones financieras, dentro de una estructura presupuestaria que el propio Ejecutivo reconoce como altamente rígida.

Salarios, servicios esenciales, transferencias, contratos y obligaciones financieras conforman buena parte de un gasto sobre el que existe poco margen de maniobra. A eso se suma un escenario que la Provincia viene señalando desde hace tiempo: la reducción o discontinuidad de programas, obras y transferencias que en años anteriores contaban con financiamiento del Gobierno nacional.

Un presupuesto que no garantiza que todo se ejecute

Una de las claves del Presupuesto 2027 está en la distancia que puede existir entre lo autorizado y lo que finalmente se concrete.

El proyecto establece que contar con crédito presupuestario no implicará automáticamente disponer de los fondos para ejecutar una obra, realizar una compra o sostener determinado gasto. Durante todo el ejercicio, el Ministerio de Economía administrará las autorizaciones en función del comportamiento real de la recaudación y de la disponibilidad de caja.

En otras palabras, los números aprobados por la Legislatura funcionarán como un marco máximo de gasto, pero la ejecución efectiva dependerá del dinero que realmente ingrese a las arcas provinciales.

La pauta macroeconómica utilizada para elaborar el proyecto contempla una inflación interanual del 21,5% a diciembre de 2027, un crecimiento real del 3,2% y un dólar estimado en $2.017.

Sin embargo, la proyección para el gasto salarial muestra una de las principales tensiones que podrían atravesar el año. El cálculo parte de la masa salarial estimada a diciembre de 2026 y sólo incorpora un crecimiento vegetativo del 4%, sin prever inicialmente incrementos adicionales vinculados a la inflación.

Más de 18 mil cargos entre el Ejecutivo y el sistema docente

En materia de empleo público, el Presupuesto autoriza 11.450 cargos de planta permanente y no permanente para el Poder Ejecutivo, sin contar al sector docente, además de 700 autoridades superiores.

Para el sistema educativo se contemplan 6.950 cargos docentes y hasta 1.008.000 horas cátedra.

De esta manera, entre la planta del Ejecutivo y el escalafón docente, el proyecto autoriza un total de 18.400 cargos.

Pero la otra cara de ese número es el congelamiento de vacantes. Durante todo 2027, el proyecto prevé que no podrán cubrirse las vacantes existentes al cierre de 2026 ni aquellas que se produzcan posteriormente, salvo excepciones vinculadas a servicios considerados prioritarios y siempre que existan recursos disponibles.

El Ejecutivo también propone un régimen de retiro voluntario para agentes de planta permanente con al menos diez años de antigüedad. La medida excluye a médicos y otros profesionales sanitarios, integrantes de las fuerzas policiales y penitenciarias. Podrá alcanzar hasta el 5% de los cargos, y tendrá una consecuencia estructural: los puestos correspondientes a los agentes que adhieran serán eliminados y no podrán volver a ser utilizados.

Límites en regímenes y pensiones

El proyecto también fija restricciones en algunos regímenes de asistencia. Para el RUPE, el Presupuesto asigna $38.351,8 millones y establece un máximo de 2.050 beneficiarios. Las nuevas incorporaciones sólo podrán concretarse cuando se liberen cupos como consecuencia de bajas o caducidad de beneficios.

En el caso de las pensiones para veteranos de la Guerra de Malvinas, se establece un máximo de 266 beneficiarios, garantizando los recursos necesarios para cumplir con el pago de esas prestaciones.

Deuda y obras: financiamiento como condición

El servicio de la deuda provincial demandará $83.268 millones durante 2027. Al mismo tiempo, el Ejecutivo solicita autorización para obtener hasta $50.000 millones de nuevo financiamiento, exclusivamente destinado a infraestructura.

Entre las obras incluidas en la planificación aparecen la segunda etapa del nuevo Hospital Regional Ushuaia, la refuncionalización del Hospital Regional Río Grande, obras en Barrancas del Río Pipo, centros de salud, redes eléctricas, de agua, cloacas y gas, infraestructura educativa, residencias para adultos mayores y un nuevo centro para personas con discapacidad.

Sin embargo, la incorporación de esas obras al Presupuesto no garantiza por sí sola su realización. Su ejecución quedará directamente vinculada a la obtención efectiva de los fondos necesarios.

El proyecto también fija en $100.000 millones el Programa de Letras del Tesoro, que podrá ser garantizado con recursos provenientes de la Coparticipación Federal, una vez descontada la parte correspondiente a los municipios.

A esto se suma la posibilidad de obtener financiamiento de hasta doce meses para cubrir desequilibrios estacionales de caja, por un monto equivalente a hasta el 10% del gasto total del ejercicio.

Menos beneficios para contribuyentes cumplidores y cambios en los impuestos

Uno de los cambios con mayor impacto recaudatorio será la suspensión, durante todo 2027, de las reducciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos destinadas a contribuyentes cumplidores.

El régimen vigente contempla descuentos del 15% o del 8% para quienes acreditan regularidad fiscal. Con la suspensión propuesta, esos contribuyentes pasarán a abonar el 100% del impuesto determinado. Además, el Ejecutivo podrá prorrogar la medida durante un año más.

La reforma tributaria también introduce cambios en distintas actividades. En Ingresos Brutos no existe un incremento generalizado. Por ejemplo, para la extracción de petróleo y gas, la alícuota baja del 3% al 1,5%. Como el FFSS se mantiene en 1,5%, la carga conjunta de ambos conceptos se reduce del 4,5% al 3%.

En sentido contrario, los incrementos se concentran principalmente en el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales (FFSS).

Los servicios agrícolas, pecuarios y forestales pasarán a tributar 4,25% por ese fondo y, sumado al 0,75% de Ingresos Brutos, alcanzarán una carga total del 5%.

En los servicios de apoyo a la pesca, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se mantiene en 0,25%, pero el FFSS sube del 0,50% al 4,75%, llevando la carga conjunta del 0,75% al 5%.

Para los servicios de apoyo a la minería, excluidos petróleo y gas, el FFSS aumenta del 1,50% al 2%, con una carga conjunta que también llegará al 5%.

A ello se suma el FOFISP para las actividades alcanzadas, con una incidencia particular en el sector financiero y asegurador. En distintas actividades bancarias, el esquema contempla actualmente una combinación de 3,75% de Ingresos Brutos, 1,50% de FFSS y 4% de FOFISP.

Cambios en Sellos y nuevos destinos para la recaudación

El proyecto también reforma el Impuesto de Sellos. La alícuota será del 0% para los alquileres destinados a vivienda única, familiar y permanente, mientras que determinados alquileres comerciales, industriales o vinculados a actividades primarias quedarán alcanzados por una tasa del 15 por mil.

Además, la AREF deberá transferir a la Cuenta Única del Tesoro el 4,20% de la recaudación incremental generada por las reformas tributarias.

Otra de las modificaciones relevantes está vinculada al financiamiento del Fondo para la Atención de Personas sin Cobertura Social.

El proyecto establece que ese fondo recibirá automáticamente el 7% de todo lo recaudado por Ingresos Brutos, antes de la distribución secundaria.

La medida garantiza una fuente de financiamiento más estable para el sistema de salud, aunque al mismo tiempo reduce la masa de recursos disponible para distribuir entre la Provincia y los municipios.

También se afecta el 20% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural. De ese total, el 10% será destinado a Vialidad Provincial, exclusivamente para mantenimiento de caminos y sin posibilidad de utilizar esos recursos para el pago de salarios.

Otro 5% será destinado al Programa de Manejo de Poblaciones de Perros y el restante 5% al Programa de Incendios Forestales.

El desafío de sostener el funcionamiento del Estado

El Presupuesto 2027 deja expuesta una combinación compleja: déficit financiero, resultado económico negativo, control de caja, congelamiento de vacantes, límites a determinados regímenes de asistencia, mayor presión tributaria y una utilización selectiva del endeudamiento.

Las obras públicas continúan formando parte de la agenda oficial, pero su concreción estará condicionada a la llegada efectiva del financiamiento.

En ese escenario, los $2,74 billones autorizados como gasto no aparecen como una promesa de ejecución plena, sino como un límite máximo dentro de un contexto de recursos restringidos.

El verdadero tamaño del Estado durante 2027, en definitiva, no dependerá solamente de lo que la Legislatura autorice en el papel. Dependerá, principalmente, de cuánto dinero ingrese efectivamente durante el año.