Radar de LeoLabs en Tolhuin:La Legislatura volverá a citar a Devita y Castiglione tras sus ausencias
La Comisión Especial que investiga las autorizaciones otorgadas a la empresa de capitales ingleses volvió a quedar sin los testimonios de funcionarios clave. El ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, y la exministra Sonia Castiglione no asistieron a la reunión y justificaron sus ausencias por cuestiones de agenda. Los legisladores resolvieron convocarlos nuevamente y remarcaron la importancia de que las declaraciones sean presenciales.
La investigación legislativa sobre el radar instalado por LeoLabs en Tolhuin sumó un nuevo capítulo sin respuestas de los funcionarios convocados. El ministro de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Francisco Devita, y quien estuvo al frente de esa cartera, Sonia Castiglione, fueron citados por la Comisión Especial de la Legislatura que analiza las actuaciones administrativas vinculadas con la instalación del equipamiento, pero ninguno se presentó al encuentro realizado este jueves en el Salón de Comisiones.
Ambos funcionarios argumentaron cuestiones de agenda para justificar sus ausencias. Frente a esa situación, los parlamentarios acordaron volver a citarlos y dejaron en claro que consideran fundamental contar con sus testimonios de manera presencial, debido a la relevancia de la información que deben reunir para avanzar en la investigación.
La inasistencia de los convocados vuelve a poner el foco sobre las responsabilidades políticas y técnicas que busca determinar la comisión, creada específicamente para revisar cómo se tramitaron las autorizaciones que permitieron la instalación del radar en la provincia.
Una investigación sobre las autorizaciones y las responsabilidades políticas
La Comisión Especial fue creada mediante la Resolución N.º 131/26 de la Cámara Legislativa con el objetivo de analizar y controlar las actuaciones administrativas relacionadas con las autorizaciones concedidas a LeoLabs Inc. y LeoLabs Argentina S.R.L. para instalar un radar con su correspondiente estación terrena en Tolhuin.
El trabajo parlamentario apunta a establecer qué organismos intervinieron, cuáles fueron los procedimientos administrativos aplicados y qué responsabilidades políticas y técnicas podrían corresponder a los funcionarios involucrados. La investigación también contempla la intervención de las autoridades nacionales en el proceso de autorización.
El equipamiento se encuentra emplazado desde 2022 en la estancia El Relincho, sobre la Ruta Nacional N.º 3. Desde entonces, el caso ha generado cuestionamientos y preocupación en torno a las condiciones en que se habilitó su instalación, en particular por las características de la empresa y las implicancias estratégicas que se atribuyen a este tipo de infraestructura.
En ese contexto, las declaraciones de los funcionarios que participaron de las actuaciones administrativas resultan relevantes para reconstruir el recorrido de los expedientes, conocer los criterios utilizados y determinar qué controles se realizaron antes y después de la autorización.
La comisión resolvió insistir con las citaciones
El encuentro fue presidido por el legislador Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino (MPF), y contó con la participación presencial de Natalia Gracianía, de La Libertad Avanza (LLA), y Juan Carlos Pino, de FORJA.
También participaron de manera remota las legisladoras María Laura Colazo, del Partido Verde, y Gisela Dos Santos, de Somos Tolhuin, además del legislador Raúl von der Thusen. La reunión contó asimismo con la presencia de representantes de la Unión Malvinizadora y del Centro de Excombatientes.
Tras las ausencias, la decisión de volver a convocar a Devita y Castiglione apunta a garantizar que la comisión pueda incorporar información de primera mano sobre las actuaciones bajo análisis.
La investigación deberá avanzar ahora con nuevas citaciones y la recopilación de documentación y testimonios que permitan esclarecer el proceso administrativo que derivó en la instalación del radar.
Un caso que sigue bajo análisis legislativo
Más allá de las explicaciones presentadas para justificar las inasistencias, el resultado concreto de la reunión fue que la comisión no pudo escuchar a dos de los funcionarios convocados. La posibilidad de avanzar en la reconstrucción de los hechos dependerá, en parte, de que las próximas citaciones permitan obtener las respuestas que los legisladores consideran necesarias.
El objetivo formal del espacio parlamentario es determinar cómo se autorizaron las operaciones de LeoLabs en Tolhuin, qué intervención tuvieron las autoridades provinciales y nacionales y si existieron responsabilidades políticas o técnicas en el procedimiento.
Por ahora, la comisión resolvió insistir con las convocatorias. El próximo paso será conocer si los funcionarios se presentan y qué información aportan a una investigación que busca esclarecer las decisiones administrativas vinculadas con una instalación que permanece en el centro del debate sobre soberanía y control estratégico en Tierra del Fuego.