Casación confirmó las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el pedido de la defensa de la expresidenta para flexibilizar las condiciones de su prisión domiciliaria. Continuará con monitoreo electrónico, límites en las visitas y restricciones para utilizar la terraza de su domicilio.

La Cámara Federal de Casación ratificó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá que seguir utilizando tobillera electrónica y que se mantienen la restricción al régimen de visitas y las limitaciones para acceder a la terraza del edificio de San José 1111.
La decisión fue aprobada por mayoría por la Sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Hornos y Barroetaveña votaron por rechazar el recurso presentado por la defensa de la expresidenta. Borinsky, por su parte, se pronunció en disidencia y propuso dejar sin efecto las tres restricciones.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner, integrada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, había presentado el recurso argumentando que durante un año de prisión domiciliaria no hubo incumplimientos, que el edificio cuenta con custodia permanente de la Policía Federal y que las condiciones impuestas exceden ampliamente las que suelen aplicarse a quienes cumplen condenas bajo esta modalidad.
Desde que comenzó a cumplir la prisión domiciliaria, el 17 de junio de 2025, Cristina Kirchner quedó obligada a permanecer en su departamento, pedir autorización para recibir visitas que no formen parte de un listado reducido y respetar horarios específicos para utilizar la terraza del edificio.
El endurecimiento de esas condiciones llegó meses después, cuando el Tribunal Oral Federal N.º 2 tomó como antecedente una reunión realizada en el domicilio de la expresidenta con dirigentes y colaboradores. Aunque todas las personas presentes integraban una lista presentada previamente por sus abogados, el tribunal interpretó que la autorización no contemplaba un encuentro grupal y decidió imponer nuevas limitaciones.
Desde entonces, cada visita de terceros requiere autorización judicial previa y solo pueden ingresar hasta tres personas por vez, durante un máximo de dos horas y con un límite de dos encuentros semanales.
Una mayoría que defendió los controles
En su voto, Hornos sostuvo que las restricciones no constituyen un castigo adicional, sino herramientas de control propias de la ejecución de la pena. También rechazó el argumento de que el buen comportamiento de Cristina Kirchner durante el último año justificara flexibilizar las condiciones.
Respecto de la tobillera electrónica, afirmó que la custodia policial permanente cumple una función distinta. Mientras los efectivos protegen la integridad física de la expresidenta, el monitoreo electrónico -dijo- tiene como objetivo controlar el cumplimiento efectivo de la prisión domiciliaria.
También avaló las limitaciones para utilizar la terraza, al considerar que permiten el acceso diario a un espacio abierto sin afectar la convivencia con el resto de los vecinos.
La disidencia de Borinsky
El único voto en sentido contrario fue el de Borinsky, quien volvió a sostener que las medidas resultan innecesarias y desproporcionadas.
El magistrado recordó que la expresidenta lleva más de un año cumpliendo la prisión domiciliaria sin incidentes, destacó que permanece bajo custodia permanente de la Policía Federal y cuestionó que la Justicia imponga restricciones que, según datos incorporados por la propia defensa, alcanzan a una porción mínima de las personas que cumplen prisión domiciliaria.
Para Borinsky, exigir autorización judicial para cada visita vulnera derechos vinculados a la intimidad y la vida privada. También consideró injustificada la permanencia de la tobillera electrónica y sostuvo que limitar el uso de la terraza carece de fundamentos concretos, especialmente cuando no existieron conflictos con el consorcio ni incumplimientos de las reglas de conducta.
Con la decisión de la mayoría, las condiciones impuestas seguirán vigentes y Cristina Kirchner continuará bajo un régimen de prisión domiciliaria que su defensa considera cada vez más restrictivo.
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