Denuncian a un funcionario del Gobierno por propiedades no declaradas en Miami
Carlos Frugoni, secretario del Ministerio de Economía, admitió irregularidades en su declaración jurada y aseguró que ya inició el proceso de rectificación ante organismos de control.
Una nueva controversia golpea al área de infraestructura del Gobierno nacional tras la denuncia contra Carlos Frugoni, actual secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. El funcionario fue señalado por no haber declarado la propiedad de siete departamentos en Miami, Estados Unidos, además de presuntas cuentas bancarias en el exterior.
La información, difundida por el canal A24, indica que los inmuebles habrían sido adquiridos a través de sociedades constituidas en Estados Unidos —Genova LLC y Waki LLC— vinculadas al propio funcionario. La mayoría de las propiedades se ubican en el condado de Palm Beach, en el sur del estado de Florida.
Según trascendió, al menos cinco de esos departamentos no habrían sido incluidos en las declaraciones presentadas ante la Oficina Anticorrupción ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), lo que encendió las alarmas sobre posibles irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales.
Entre los inmuebles mencionados se encuentran unidades en Lantana, West Palm Beach, South Palm Beach y Delray Beach, con valuaciones fiscales que oscilan entre los 187.000 y los 230.000 dólares, aunque algunas estimaciones de mercado ubican su valor por encima de esos montos.
Tras la difusión del caso, el propio Frugoni reconoció la situación. “Es todo verdad. Cometí un error”, habría afirmado en diálogo con el periodista Nicolás Wiñazki. Según explicó, ya inició el proceso para rectificar su declaración jurada y regularizar su situación fiscal, tanto en Argentina como en Estados Unidos, donde aseguró haber pagado los impuestos correspondientes por esas propiedades.
El funcionario asumió su cargo en diciembre pasado, en reemplazo de Martín Maccarone, y cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito de la construcción y la infraestructura, con más de tres décadas de experiencia en el sector público y privado.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios y reabre el debate sobre la transparencia en la gestión pública, en un contexto donde la obra pública y su administración continúan siendo temas sensibles dentro de la agenda política nacional.
