El Senador Pablo Blanco presentó un proyecto que busca defender y restaurar el derecho de acceso a la información pública

El Senador Nacional de Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto que busca defender y restaurar el derecho de acceso a la información pública, un derecho fundamental consagrado en la Ley 27.275, en respuesta a las recientes restricciones impuestas por el gobierno mediante el Decreto 780/2024

El Decreto 780/2024, promulgado por el Poder Ejecutivo, ha generado gran preocupación entre los defensores de los derechos civiles y la transparencia gubernamental. La normativa introduce cambios significativos que limitan el acceso ciudadano a datos, registros y documentos que son esenciales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado.

El senador Blanco explicita en su proyecto “Su rechazo al Decreto 780/2024 que reglamenta a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública vulnerando no sólo la potestad del Congreso de la Nación sino el derecho fundamental que todo ciudadano tiene a acceder a registros, datos y documentos de interés vinculados con las actividades del Estado y de los funcionarios responsables de las distintas áreas a cargo del Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función”.

Blanco “considera al Decreto 780/2024 como un retroceso de la calidad institucional de la que gozaba hasta ahora la República que debe ser urgentemente subsanado”.

“Este decreto es un claro retroceso en materia de derechos y libertades fundamentales. Lo que hace es proteger a los funcionarios públicos y fomentar el secretismo, limitando la capacidad de la ciudadanía de conocer cómo se gestiona la administración estatal”, sostuvo Blanco.

El proyecto subraya que la Ley 27.275 define la información pública como cualquier dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados obtengan, transformen, controlen o custodien. Sin embargo, el Decreto 780/2024 introduce excepciones que amplían considerablemente lo que puede ser clasificado como información “secreta,” debilitando así el principio de transparencia.

Asimismo, el decreto impone nuevos requisitos formales para solicitar información, como la necesidad de presentar un número de documento, domicilio y otros datos personales, lo que contraviene el principio de informalismo que garantiza la ley vigente.

El senador fueguino sostiene en la iniciativa que “creemos firmemente que un Decreto Reglamentario no puede limitar el acceso a la información pública de ninguna forma. Lo que hace este Decreto es ampliar la información que, según sus redactores, pasa a quedar fuera del interés público, ensanchando los márgenes de lo que debe entenderse como secreto y dándole a los funcionarios un marco de mayor impunidad y discrecionalidad para su acción. Asimismo, va en contra de los estándares básicos en materia de Derechos Humanos de las democracias modernas y da más capacidad de cobertura a posibles actos de corrupción”.

“A este avance sobre libertades y derechos consagrados por ley se le suma la constante y cada vez más preocupante propensión del presidente, del gobierno y de sus seguidores en redes sociales a confrontar con el periodismo mediante acciones coordinadas que intentan acallarlos o amedrentarlos”, agregó el legislador.

“Este decreto es un peligro para la democracia. En lugar de combatir la corrupción y la opacidad, la refuerza. Reafirmo mi compromiso con la transparencia y el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad sobre la gestión pública, instando a una acción decidida para revertir las restricciones impuestas por el Decreto 780/2024”, concluyo el senador.