Milei renovó la conducción del FAMP en medio de la disputa por el futuro de los fondos para Tierra del Fuego
El Gobierno nacional designó a tres nuevos integrantes del Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, que administrará durante los próximos cuatro años una herramienta creada para financiar proyectos destinados a diversificar la economía provincial. La renovación se produce mientras continúa el fuerte debate por la decisión de llevar a cero los aportes obligatorios al Fondo provenientes del subrégimen industrial.
El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina vuelve a tener una conducción renovada. En medio de una de las discusiones económicas más sensibles para Tierra del Fuego, el Gobierno de Javier Milei designó a los tres integrantes que tendrán a su cargo, durante los próximos cuatro años, la administración de los recursos destinados a financiar proyectos estratégicos para la provincia.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 866/2026, firmado por el Presidente junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo fueron designados con carácter ad honorem y son el abogado Juan Ignacio Rodríguez Jalón, el abogado Miguel Schmukler y María Belén Arrúa, propuesta por la Jefatura de Gabinete.
El decreto señala que la renovación responde al vencimiento de los mandatos de los anteriores integrantes y permite completar nuevamente la estructura del organismo encargado de definir el destino de los recursos del Fondo.
Pero detrás de una renovación administrativa se encuentra una discusión mucho más profunda: qué lugar tendrá el FAMP en el futuro productivo de Tierra del Fuego.
Una herramienta pensada para cambiar la matriz productiva
El FAMP nació en 2021 con una misión concreta: generar herramientas para que la economía fueguina pudiera ampliar su horizonte más allá de la industria electrónica y avanzar hacia nuevas actividades productivas.
La lógica detrás de su creación fue que el régimen industrial no debía limitarse a sostener el esquema existente, sino que también debía contribuir a construir nuevas capacidades económicas, tecnológicas y productivas.
Para eso, el Fondo cuenta con diferentes instrumentos de financiamiento, entre ellos préstamos, aportes de capital, aportes no reembolsables y recursos destinados a obras de infraestructura, adquisición de bienes de capital, contratación de servicios y desarrollo de proyectos considerados estratégicos.
En otras palabras, el FAMP fue concebido como una herramienta para transformar parte de los recursos generados por el entramado industrial en nuevas inversiones capaces de generar empleo, incorporar tecnología y ampliar la base productiva provincial.
Su Comité Ejecutivo cumple, justamente, un papel central en ese proceso: administrar los recursos disponibles y definir cómo y hacia dónde se canalizan las distintas líneas de financiamiento.
La renovación llega en un momento incómodo
La designación de las nuevas autoridades ocurre, sin embargo, en un escenario muy diferente al que acompañó la creación del Fondo.
Durante 2026, la decisión del Gobierno nacional de reducir a cero los aportes obligatorios vinculados al subrégimen industrial colocó al FAMP en el centro de una disputa que excede la cuestión administrativa.
Para distintos sectores políticos, industriales y empresariales de Tierra del Fuego, la medida representa un golpe a una de las principales herramientas diseñadas para impulsar la diversificación económica de la provincia.
El debate tiene una particular relevancia porque el Fondo fue creado precisamente bajo la premisa de que la actividad industrial debía generar recursos y condiciones para construir una economía menos dependiente de un solo sector.
La reducción de los aportes, por lo tanto, abre un interrogante sobre la capacidad real del organismo para cumplir con ese objetivo en los próximos años.
Mientras el Gobierno nacional sostiene su política de reducción de costos y modificaciones sobre el régimen fueguino, en la provincia crece la preocupación por el impacto que esas decisiones pueden tener sobre la inversión, el empleo y los proyectos destinados a ampliar la matriz productiva.
Cuatro años para definir hacia dónde va el Fondo
Con la publicación del Decreto 866/2026, el Comité Ejecutivo vuelve a quedar formalmente integrado y sus nuevos miembros tendrán un mandato de cuatro años.
El desafío, sin embargo, será considerablemente mayor que completar una estructura institucional.
La nueva conducción deberá administrar una herramienta cuyo sentido original fue pensar el desarrollo productivo de Tierra del Fuego más allá de la coyuntura y de la dependencia histórica de determinados sectores.
La pregunta que queda planteada es cuánto margen tendrá el FAMP para cumplir ese objetivo en un contexto en el que los recursos que alimentaban el Fondo están siendo redefinidos por la Nación.
Porque el problema de fondo no es solamente quiénes ocuparán los tres lugares del Comité Ejecutivo, sino con qué recursos contará el organismo y qué estrategia productiva se pretende impulsar para Tierra del Fuego durante los próximos años.
En una provincia atravesada por la pérdida de empleo industrial, la caída de inversiones y la discusión sobre el futuro del régimen de promoción, el FAMP aparece nuevamente en el centro de la escena.
Su renovación puede ser apenas un trámite administrativo derivado del vencimiento de mandatos. O puede convertirse en el comienzo de una nueva etapa para una herramienta que nació con una ambición mucho mayor: que Tierra del Fuego no solamente produzca lo que ya produce, sino que pueda construir nuevas industrias, incorporar conocimiento, generar empleo y ampliar las bases de su economía.
Los próximos cuatro años mostrarán cuál de esos dos caminos termina imponiéndose.