Oro ilegal, base militar y mercado global: el escándalo que salpica a Colombia y EE.UU.
Una investigación de The New York Times revela que el Clan del Golfo extrae oro dentro de una base militar en Colombia, y que parte de ese metal termina en productos de la Casa de la Moneda de Estados Unidos tras ser “legalizado” en la cadena comercial.
A pocos metros del Batallón Rifles 31, en el noroeste de Colombia, una escena tan insólita como alarmante se repite desde hace tiempo: decenas de mineros ilegales trabajan a plena luz del día, incluso dentro del perímetro militar, para extraer oro bajo el control del Clan del Golfo, el mayor grupo criminal del país.
La mina, conocida como La Mandinga, opera con mangueras de alta presión que arrasan el bosque tropical, en una actividad que no solo destruye el ambiente, sino que también financia redes criminales. Según la investigación publicada por The New York Times, la explotación llegó a ubicarse a apenas 137 metros de instalaciones clave de la base, con generadores que podían escucharse desde los propios edificios militares.
El comandante del batallón, el coronel Daniel Echeverry, negó inicialmente la situación. Sin embargo, tras recorrer el área junto a periodistas y constatar la presencia de pozos mineros dentro del predio, ordenó desalojar a los trabajadores. La respuesta fue violenta: los mineros reaccionaron con amenazas, machetes y hasta rociaron combustible sobre los uniformados.
El episodio expone una falla estructural: si el Estado no logra controlar actividades ilegales dentro de una base militar, el alcance del problema en el resto del territorio resulta aún más preocupante.
Una cadena que “blanquea” el oro ilegal
El informe también detalla cómo el oro extraído ilegalmente logra ingresar al circuito legal mediante un sistema de documentación que rara vez se verifica. En ciudades cercanas como Caucasia, el metal es registrado bajo licencias destinadas a pequeños mineros que, en teoría, operan sin mercurio y en zonas autorizadas. En la práctica, muchas de estas condiciones no se cumplen.
Una vez “legalizado”, el oro se mezcla con otros suministros y se exporta. Solo en el último año, lingotes por unos 255 millones de dólares llegaron a Estados Unidos, principalmente a Texas.
Allí, en la refinería Dillon Gage, el metal es fundido junto a oro de distintas procedencias. A partir de ese proceso, pasa a ser considerado producto estadounidense, lo que permite su ingreso a cadenas oficiales, incluida la Casa de la Moneda.
Vacíos legales y revisión en EE.UU.
La situación plantea serias dudas sobre los controles en Estados Unidos. Desde 1985, una ley prohíbe a la Casa de la Moneda utilizar oro extranjero para ciertos productos. Sin embargo, una auditoría reciente reveló que durante años no se verificó el origen del metal adquirido.
Tras la publicación del informe, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una revisión de los procedimientos, mientras que la refinería involucrada aseguró que suspenderá las compras al exportador colombiano señalado.
Un negocio global con impacto local
El caso de La Mandinga ilustra un fenómeno más amplio: la minería ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de grupos armados, incluso por encima del narcotráfico en Colombia. Además, según el reporte, este circuito también alimenta conflictos en otras regiones del mundo, desde África hasta Medio Oriente.
Con el precio del oro en niveles históricamente altos, los incentivos para infiltrar metal ilícito en mercados legales son cada vez mayores. Y mientras la cadena comercial siga permitiendo ese “blanqueo”, el problema seguirá trascendiendo fronteras.
La conclusión de la investigación es contundente: encontrar el oro ilegal no resulta difícil. La pregunta, entonces, es si realmente existe voluntad para detenerlo.
