Soberanía nacional: el oficialismo consiguió dictamen con cambios en el proyecto y abre el camino al debate en Diputados
Tras seis reuniones de trabajo, el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal pasó a la firma los dictámenes del proyecto impulsado por el Gobierno nacional. La Libertad Avanza consiguió un despacho de mayoría con el respaldo de sus aliados, aunque hubo presentaciones en disidencia y dictámenes propios de otros bloques. Entre las modificaciones se incorporaron al Ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad Nacional, una comisión bicameral de seguimiento y cambios en las sanciones vinculadas con actividades hidrocarburíferas y la intervención extranjera.
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional dio un nuevo paso en la Cámara de Diputados luego de que el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal pasara a la firma los dictámenes que habilitan su eventual tratamiento en el recinto.
El debate, que llegó a esta instancia después de seis reuniones, tuvo como punto de partida la exposición de representantes de Poder Ciudadano. Durante la segunda parte del encuentro, los bloques avanzaron con la definición de sus posiciones y la elaboración de los despachos, en una negociación que el oficialismo había comenzado a cerrar previamente con sus aliados parlamentarios.
La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría con el acompañamiento del PRO, sectores del radicalismo y legisladores de otras bancadas dialoguistas. Sin embargo, el resultado del plenario también dejó en evidencia diferencias sobre el alcance de la iniciativa, que se expresaron en firmas en disidencia y en la presentación de dictámenes alternativos.
Un dictamen de mayoría con respaldo de los aliados
El despacho oficialista reunió las firmas de La Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo, Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires; Gisela Scaglia, de Santa Fe; y Sergio Capozzi, de Río Negro.
En disidencia firmaron Pablo Farías y José Núñez, de Provincias Unidas, junto con los misioneros Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal.
Por su parte, Lourdes Arrieta presentó un dictamen en minoría, al igual que Esteban Paulón, en conjunto con los cordobeses Carlos Gutiérrez y Juan Brügge. Unión por la Patria también presentó un despacho propio, mientras que el Frente de Izquierda rubricó un dictamen de rechazo con la firma de Myriam Bregman.
La negociación política previa incluyó reuniones entre la conducción de La Libertad Avanza y representantes del PRO, el MID, Producción y Trabajo, Adelante Buenos Aires y las jefaturas de los bloques Argentina Federal y Provincias Unidas. El objetivo fue acordar modificaciones que permitieran reunir las adhesiones necesarias para avanzar con el despacho.
Los cambios incorporados al proyecto
Uno de los principales cambios introducidos por el dictamen de mayoría es la incorporación del Ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad Nacional. La propuesta original del Poder Ejecutivo contemplaba la participación del presidente de la Nación, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la Secretaría de Inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica.
El texto acordado también incorpora la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, integrada por ocho legisladores: cuatro diputados y cuatro senadores. El organismo podrá requerir informes al nuevo consejo, con el objetivo de establecer una instancia de seguimiento parlamentario.
Otro punto modificado se refiere al régimen de sanciones para las compañías vinculadas con la explotación de la Cuenca Malvinas y otros proyectos hidrocarburíferos. El dictamen contempla una reducción de las multas previstas para las empresas alcanzadas por esas disposiciones, un aspecto que forma parte de los cambios negociados durante el tratamiento en comisiones.
Cambios en las sanciones por intervención extranjera
Las modificaciones también alcanzaron el artículo que establecía penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, intervinieran para alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.
A partir de los planteos de los bloques dialoguistas, el texto dictaminado incorporó exclusiones explícitas para el ejercicio del periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.
La modificación apunta a delimitar el alcance de las conductas que podrían quedar comprendidas en las sanciones penales, en un proyecto que involucra cuestiones de seguridad nacional, relaciones exteriores y protección de los procesos institucionales.
El debate en el recinto, todavía sin fecha definitiva
Con los dictámenes firmados, el proyecto quedó en condiciones de continuar su recorrido legislativo, aunque su inclusión en el temario de una próxima sesión todavía dependía de las definiciones políticas de la Cámara.
Según trascendió durante las negociaciones entre el oficialismo y sus aliados, una de las posibilidades era llevar la iniciativa al recinto el 18 de noviembre, junto con el tratamiento del Presupuesto nacional. Otros sectores mantenían abierta la alternativa de debatirla el 12 de noviembre.
La discusión, por lo tanto, no quedó limitada a la redacción del proyecto: las diferencias entre los bloques y las modificaciones incorporadas serán parte de la negociación para definir su futuro parlamentario.
El paso por las comisiones dejó un dictamen de mayoría favorable al oficialismo, pero también posturas contrapuestas sobre el alcance de las facultades previstas, el régimen de sanciones y los mecanismos de control legislativo. La definición final quedará en manos de la Cámara de Diputados si el proyecto es incorporado al orden del día.