Nueva Ley Penal Juvenil: Löffler advirtió que Tierra del Fuego deberá crear estructuras y afrontar un alto costo de implementación

La entrada en vigencia del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil plantea un cambio profundo en el sistema de Justicia y, particularmente para Tierra del Fuego, un desafío institucional y presupuestario. Así lo analizó el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto “Nené” Löffler, durante una entrevista con el programa “Entre Nosotros”, de Radio Provincia.

El magistrado consideró que la reforma representa un “cambio paradigmático” respecto del régimen establecido por la Ley 22.278, vigente desde 1980, y sostuvo que después de más de cuatro décadas resultaba necesaria una actualización.

Uno de los principales cambios es que los adolescentes de entre 14 y 18 años pueden quedar alcanzados por responsabilidad penal, de acuerdo con las condiciones establecidas por la nueva legislación. Sin embargo, el sistema no apunta únicamente a la sanción, sino también a la resocialización, reeducación y recuperación de los jóvenes.

“Pone el eje en la responsabilidad, que el menor que comete un delito tiene que tomar conciencia de que es responsable”, señaló Löffler, quien remarcó la necesidad de trabajar en su inserción laboral, deportiva, cultural y educativa.

Una nueva estructura para la Justicia fueguina

El cambio normativo obliga a Tierra del Fuego a definir cómo organizará su estructura judicial especializada. Actualmente, este tipo de delitos son abordados mediante tribunales colegiados conformados ad hoc, mientras que el nuevo régimen contempla una estructura permanente.

Entre las alternativas se analiza la posibilidad de contar con un único tribunal para toda la provincia, cuya integración —unipersonal o colegiada— deberá ser definida por la jurisdicción provincial.

También será necesario contar con fiscales especializados, defensores de víctimas, defensores de menores y supervisores, una figura encargada de realizar el seguimiento de los adolescentes sometidos al régimen y controlar el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas judicialmente.

A esto se suma la capacitación específica de jueces, fiscales, defensores y demás operadores que intervengan en los procesos.

“Todo eso genera gasto y estructura”, resumió Löffler, quien reconoció que la situación presupuestaria actual de la Provincia obliga a analizar cómo adaptar las estructuras existentes sin generar un esquema difícil de sostener.

Infraestructura y un escollo constitucional

Otro de los puntos centrales es el cumplimiento de las penas privativas de libertad. El nuevo régimen contempla distintas modalidades, entre ellas la prisión domiciliaria y el alojamiento en establecimientos especiales abiertos o cerrados.

Los adolescentes no podrán permanecer alojados junto a personas adultas privadas de su libertad, por lo que Tierra del Fuego deberá contar con instalaciones específicas y adecuadas a los estándares establecidos.

En este punto aparece una particularidad constitucional. Si bien la normativa permite celebrar convenios con otras provincias o con Nación para alojar adolescentes en establecimientos especializados, la Constitución fueguina establece que las personas privadas de su libertad deben cumplir sus penas dentro del territorio provincial.

“Ahí tenemos un escollo constitucional que habría que sortear”, advirtió el ministro.

El régimen también incorpora nuevas herramientas, como amonestaciones, dispositivos electrónicos y distintas modalidades de supervisión. La pena máxima para adolescentes alcanza los 15 años de prisión.

A su vez, las víctimas tendrán mayor participación en el proceso y podrán constituirse como querellantes, mientras que la responsabilidad penal continuará siendo individual y no podrá trasladarse a los padres o familiares.

Löffler reclamó recursos a Nación

Para el integrante del Superior Tribunal, uno de los principales interrogantes es cómo financiar todas estas modificaciones.

“La implementación va a tener un costo financiero”, explicó, y consideró que Nación debería acompañar económicamente a las provincias cuando transfiere nuevas competencias.

Löffler vinculó esta situación con otros procesos de transferencia de responsabilidades en áreas como salud, educación y narcomenudeo, que, según sostuvo, no siempre estuvieron acompañados por los recursos necesarios.

“Nos siguen poniendo responsabilidades sin darnos los recursos y eso es complicado. Desnaturaliza el federalismo”, afirmó.

La discusión presupuestaria atraviesa también al propio Poder Judicial fueguino, que deberá compatibilizar las nuevas exigencias con sus actuales necesidades. En ese contexto, el magistrado anticipó la necesidad de realizar “toda una reingeniería” para adaptar las estructuras existentes.

También se discute el sistema procesal

La reforma plantea además la necesidad de adecuar el procedimiento penal provincial. Según explicó Löffler, el nuevo régimen exige principios propios de un sistema acusatorio adversarial, mientras Tierra del Fuego mantiene un modelo procesal mixto, aunque ya aplica herramientas acusatorias en algunas áreas.

Esto podría derivar en una reforma del Código Procesal Penal provincial, aunque el magistrado advirtió que existe una discusión constitucional porque la regulación de los procedimientos judiciales corresponde a las provincias.

Pese a las dificultades, Löffler realizó una valoración positiva de la reforma y destacó que apunta a combinar la responsabilidad por el delito con herramientas para la recuperación y reinserción de los adolescentes.

El nuevo régimen, además, ya debe aplicarse. Por eso, el desafío inmediato para Tierra del Fuego será adaptar sus estructuras judiciales, disponer de personal especializado y resolver las necesidades de infraestructura y financiamiento.

La pregunta que queda planteada, según el propio análisis de Löffler, es tan concreta como compleja: “Todo eso está muy bien, pero ¿cómo lo pagamos?”