Buscan blindar por ley el sistema nuclear argentino y limitar la privatización de sus activos estratégicos
El diputado nacional Pablo Juliano presentó un proyecto para establecer un régimen de protección y desarrollo del sector nuclear como política de Estado. La iniciativa contempla garantías para empresas, instalaciones y proyectos tecnológicos, y propone que cualquier decisión de privatización o transferencia de capacidades estratégicas requiera una mayoría especial del Congreso.
En medio del debate sobre el rol del Estado en las áreas estratégicas y el futuro de las empresas públicas, el diputado nacional Pablo Juliano presentó un proyecto de ley que busca establecer un régimen de protección y desarrollo estratégico del sistema nuclear argentino. La propuesta apunta a preservar las capacidades científicas, industriales y tecnológicas del país, y a garantizar la continuidad de una actividad que sus impulsores consideran central para la soberanía energética y el desarrollo nacional.
La iniciativa, impulsada desde el bloque de Provincias Unidas, propone declarar de interés público nacional al conjunto de organismos, empresas, instalaciones, desarrollos tecnológicos y recursos humanos que conforman el sistema nuclear argentino. El proyecto fue girado a las comisiones de Energía y Combustibles, Legislación General y Presupuesto y Hacienda para su tratamiento.
Entre las instituciones y entidades alcanzadas se encuentran la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Nucleoeléctrica Argentina, INVAP, Dioxitek y la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería, además de las centrales nucleares, los reactores de investigación, la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y los proyectos CAREM y RA-10.
Uno de los aspectos centrales del texto es la protección del patrimonio estatal. En ese sentido, establece que los activos y las participaciones del Estado en las entidades que integran el sistema nuclear no podrán ser privatizados, transferidos, gravados ni cedidos a actores privados o extranjeros sin autorización previa del Congreso. También propone reconocer como bienes estratégicos de la Nación las infraestructuras, tecnologías, patentes, capacidades productivas y conocimientos desarrollados con financiamiento público.
La iniciativa busca, además, darle continuidad institucional al Plan Nuclear Argentino y a las actividades de investigación e innovación, el ciclo del combustible nuclear y las aplicaciones de esta tecnología en áreas como la salud, la industria, la agricultura y el cuidado ambiental.
Producción nacional y continuidad de los proyectos
El proyecto contempla la expansión del parque nuclear argentino mediante la construcción de nuevas centrales, con prioridad para la cuarta central prevista en la legislación vigente. Para avanzar en ese objetivo, plantea privilegiar tecnologías que permitan una mayor participación de la industria nacional, el uso de insumos producidos en el país y la transferencia efectiva de conocimientos tecnológicos.
Otro capítulo está dedicado a la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. La propuesta establece que el Estado deberá garantizar los recursos necesarios para su mantenimiento, reactivación y funcionamiento continuo, con el propósito de abastecer a las centrales nucleares argentinas y, eventualmente, destinar parte de su producción a mercados internacionales.
En paralelo, promueve la exploración y explotación sustentable de uranio y otros minerales de interés nuclear, priorizando el abastecimiento de las necesidades del sistema nacional por sobre la exportación de materia prima sin procesamiento.
La continuidad de los proyectos tecnológicos también ocupa un lugar relevante. El texto plantea garantizar el financiamiento y desarrollo del reactor multipropósito RA-10 y del reactor modular CAREM, con la CNEA a cargo de su conducción técnica y estratégica hasta su puesta en funcionamiento y eventual escalamiento comercial.
A su vez, incorpora al Centro Argentino de Protonterapia (CeArP) entre los proyectos estratégicos nacionales. La iniciativa declara de interés nacional el desarrollo de la medicina nuclear y de precisión, y busca asegurar la continuidad de este establecimiento público de salud.
El Congreso como instancia de control
En materia institucional, Juliano propone establecer un mecanismo de control parlamentario reforzado para las decisiones que puedan comprometer el futuro del sector. De acuerdo con el proyecto, la privatización de empresas nucleares, la cancelación de iniciativas estratégicas o la transferencia al exterior de tecnologías desarrolladas con financiamiento público requerirían el respaldo de los dos tercios de los miembros presentes de ambas cámaras del Congreso.
Los fundamentos sostienen que la Argentina forma parte del reducido grupo de países que desarrollaron capacidades autónomas en tecnología nuclear con fines pacíficos. Desde esa perspectiva, advierten que la interrupción de programas científicos e industriales de alta complejidad puede provocar pérdidas de conocimientos, infraestructura y recursos humanos difíciles de recuperar.
La propuesta instala así una discusión sobre el lugar que debe ocupar el sector nuclear en la planificación nacional y sobre los límites que deberían existir frente a eventuales procesos de privatización, desinversión o transferencia de tecnología. Su tratamiento en el Congreso será clave para determinar si estas capacidades quedan protegidas mediante un marco legal específico y con qué alcance.